Iuris Dictio

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Authors: Nicolás Jijón Giler

Este estudio pretende señalar las falencias de la legislación internacional sobre el uso de los derechos religiosos; texto concebido como una llamada de alerta a las instituciones más relevantes de defensa de los derechos humanos, en pro de un sistema jurídico justo, globalizado y asequible a todas las minorías vulnerables; específicamente, a las personas y sus convicciones de fe, incluyendo el respeto ante la ausencia de ésta. En él se describe de manera crítica las normas internacionales relacionadas con las libertades religiosas, en su redacción, práctica y ejecución; se determina el grado de responsabilidad de cada actor, sea Estado o sociedad, en el uso de los derechos religiosos; y proponen las nuevas formas de cultivar la libertad de religión en regiones con récords de derechos humanos históricamente pobres.

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Authors: Jaime Gallegos-Zúñiga

El presente estudio revisa, a partir de diferentes trabajos doctrinarios y fuentes formales de Derecho, el relacionamiento de la Alianza del Pacífico con la Comunidad Andina y algunos países de Centroamérica, a efectos de evaluar la posibilidad y conveniencia de estrechar los lazos con esas economías, atendiendo a lo recorrido en estos años y las perspectivas que se avizoran para el futuro. Tales aspectos resultan relevantes de ponderar, tomando en cuenta la incertidumbre por la que atraviesa el comercio internacional y la reconfiguración productiva que podría generarse como consecuencia de la pandemia global derivada del brote de COVID-19, concluyéndose que, como resultado de la ausencia de una política comercial común del bloque y la inestabilidad política de la región es difícil proyectar, con claridad, el devenir de tales vinculaciones.

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Authors: José Antonio Burneo

La institución jurídica del salario digno es conceptualizada dentro de la normativa ecuatoriana como una medida rígida que va acorde a la canasta básica familiar. Su objetivo es la garantía de los derechos laborales más fundamentales, como lo es la remuneración. Ahora, su establecimiento como medida impuesta en calidad de mínimo, puede ser utilizados por determinadas empresas que buscan crear mejores culturas organizacionales con respecto a sus trabajadores, por lo cual nada obsta que se auto impongan obligaciones de cumplimiento que mejoran las condiciones de trabajo de sus empleados; es en ese punto donde las sociedades mercantiles en Beneficio e Interés Colectivo podrían tener un papel importante.

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Authors: Vika Lara Taranchenko

El resarcimiento de daños y perjuicios que se derivan de un ilícito anticompetitivo, en determinados casos, resulta inalcanzable. Esto se debe a la confidencialidad otorgada a ciertos documentos contenidos en el expediente administrativo que la víctima de la infracción requiere acceder, pues son determinantes para probar los elementos de la responsabilidad civil y, en la mayoría de casos, su acceso es negado. La dificultad probatoria es más evidente cuando la información a la que se pretende acceder está contenida en un programa de clemencia debido a que la confidencialidad concedida a dicho programa garantiza su efectividad. Por lo tanto, se abordarán varias soluciones para armonizar el interés público que se encuentra detrás de la confidencialidad de documentos y el interés privado de quien ejerce la acción civil.

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Authors: Anahí Estefanía Carrillo Garzón

En esta entrevista, realizada el 23 de octubre de 2020, el doctor Víctor Madrigal Borloz, Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Organización de las Naciones Unidad, es posible analizar a fondo las características de las prácticas de conversión sexual, los derechos vulnerados y el daño profundo que dejan en las víctimas; además de la relevancia que tiene actualmente este tema y la responsabilidad de los Estados frente a esta problemática.

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Authors: Jose Gabriel Cornejo Ramón, Manuela Cárdenas Cifuentes

Uno de los pilares que conforman el derecho ambiental es el conocido principio quien contamina paga, que en el derecho nacional se encuentra favorecido por la Constitución (dada su concepción biocéntrica del derecho), explicitado en el Código Orgánico del Ambiente y desarrollado por normas de inferior categoría en el ordenamiento jurídico. En la presente investigación se examina la finalidad de este principio, y su incorporación en la legislación nacional. Adicionalmente, se determina qué es lo que se entiende por micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo del artículo consiste en analizar la conveniencia de la aplicación del principio quien contamina paga aplicado a las MIPYMES del Ecuador. Estas se han visto afectadas por la aplicación de este principio a causa de la falta de recursos económicos y técnicos que las caracteriza, generándose así un problema tanto para dichas empresas como para la eficacia de la norma. Para este fin, se realizará un análisis general de la situación de estas empresas en el Ecuador y también, sobre su posición frente a las exigencias de la legislación ambiental ecuatoriana y la aplicabilidad del principio quien contamina paga.

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Authors: Andrés Martínez-Moscoso

Presentación del Dossier. El Derecho y su implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Authors: José Miguel Beltrán Castellanos

El despliegue en masa de las energías renovables supone uno de los principales desafíos para los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la Unión Europea en el horizonte 2030. Por ello, en el presente trabajo se analizan las novedades en el Derecho Europeo que buscan garantizar procedimientos administrativos ágiles y modernos, que permitan autorizar con éxito las instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables.

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Authors: Adriana Mora Bernal, Javier Ávila-Larrea

La recolección de residuos sólidos es una típica competencia municipal que se da por la prestación del servicio público y aunque pareciera no presentar particularidad, es posible repensarla a partir de los principios basados en la economía circular. A razón de lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo analizar cuál es la situación actual de las tasas de recolección de residuos en el Ecuador, a la luz del principio quien contamina paga; toda vez que la Constitución de la República establece derechos al buen vivir, agua y medio ambiente sano como bienes jurídicos protegidos que los gobiernos municipales, a través de sus competencias constitucionales, pueden efectivizar en las tasas de recolección, incorporando elementos tributarios de carácter ambiental, permitiendo así aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Authors: Andrea Carolina Subía Cabrera

El objetivo de la investigación fue analizar la trata de personas con fines de explotación laboral como amenaza a las redes transnacionales de migración en el pueblo kichwa otavalo. Se utilizó una investigación de tipo mixta bajo el enfoque intercultural, se aplicaron encuestas dentro del cantón Otavalo a población kichwa otavalo y se analizó un caso de trata de personas a la justicia indígena. La emigración del pueblo kichwa otavalo inicia a edades tempranas, muchos adolescentes y jóvenes viajan, a modo de un comerciante itinerante, por su economía familiar y personal, sin embargo, pueden caer en redes de trata de personas con fines de explotación laboral. Finalmente, la intervención de la justicia comunitaria y estatal bajo los principios de cooperación, coordinación, diversidad, garantiza la defensa a los miembros de la comunidad que han sido víctima de este delito.

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Authors: José Gabriel Cornejo, Tamya Pinos Camacho

En esta entrevista, la experta en migración irregularizada, Soledad Álvarez Velasco, analiza la problemática de la movilidad humana en el marco de la pandemia del COVID-19. La entrevistada aborda temas de relevancia jurídica y social que se han suscitado en los tiempos, particularmente difíciles, de la pandemia y otros que afectan a las personas migrantes más allá del momento actual (pero que, sin embargo, se han visto agravados), tales como la forma en que el ordenamiento jurídico se construye y el modo en que las políticas públicas de los Estados se diseñan respecto de los sujetos en migración.

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Authors: Cristhian Carrera Lucio, Juan Gabriel Reyes Varea

El presente artículo analiza la declaración patrimonial como una obligación tributaria en Ecuador. Explica su origen, naturaleza, características, sanciones derivadas de su incumplimiento, y postula la problemática existente en el evento de que una persona decida rectificar los criterios con los que elaboró su declaración patrimonial ante el Servicio de Rentas Internas en años anteriores, o decida empezar a cumplir con la obligación de presentarla, que antes ha omitido. Finalmente, propone una alternativa para que la Administración Tributaria ecuatoriana pueda obtener información certera de sus contribuyentes con el objeto de mantener una base de datos confiable para intercambio de información con otras legislaciones.

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Authors: Luis Fernando Oramas Velasco

El presente artículo es un estudio sobre la figura del caso fortuito y la fuerza mayor y sobre su posible aplicación como consecuencia de la incidencia del COVID-19. En primer lugar, se realiza una breve introducción histórica sobre el origen y las principales características del concepto de caso fortuito. Posteriormente, analizamos la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la falta o ausencia de culpa como los tres requisitos que deben presentarse para poder alegar su existencia. El artículo también examina los efectos jurídicos del caso fortuito en los contratos y, a modo de conclusión, trata de responder si esta institución jurídica es adecuada para resolver las disputas jurídicas que se van a suscitar en el mundo del derecho de los contratos a raíz de la pandemia.

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Authors: Andrés Pretelt Arango

El artículo describe la necesidad de la identificación del beneficiario final para efectos de la transparencia en materia tributaria y su evolución normativa en el Derecho Internacional; además sobre el impacto positivo de la figura jurídica del beneficiario final como forma de mantener una imagen ética en la comunidad. Por otra parte, el beneficiario final, como figura desarrollada por el GAFI a propósito de la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, ha sido adaptado para fines fiscales como una respuesta normativa a los evasores de impuestos y otros infractores de la ley, quienes en general procuran mantener el anonimato para hacer difícil la actividad del control tributario por parte de la autoridad. Sin embargo, existen varios tópicos que se deben resolver en las relaciones entre el contribuyente y el Estado; así como entre el inversionista y el representante legal de la persona jurídica y de la estructura jurídica. En especial un enfoque para conocer sobre las ventajas en su uso para la Autoridad y también para el inversionista privado. De ahí el entusiasmo de determinados organismos internacionales como el GAFI o la OCDE por desarrollar un vínculo entre el beneficiario final y la lucha contra el blanqueo de capitales, así como contra otros delitos económicos. La figura estudiada se convierte en una herramienta práctica para detectar personas involucradas en complejos esquemas corporativos con fines poco éticos. Por lo tanto, el artículo describe cómo se ha desarrollado el beneficiario final a lo largo del tiempo, para qué es útil, una breve mirada a las experiencias internacionales y la perspectiva a seguir. Los distintos protagonistas tienen diversas posiciones y dudas con respecto a la puesta en marcha en el Ecuador y a nivel regional de los estándares que rodean al beneficiario final, algunas de ellas son examinadas en el presente artículo.

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Authors: Jaime Pazmiño Jara

La transformación digital de los negocios es cada día más recurrente y tiene mayor incidencia en la economía mundial, por tanto, los desafíos que ésta representa para el ámbito tributario son innegables. Este artículo analiza los retos y riesgos en el impuesto a la renta que representan los modelos de negocio digitales, cuáles son las soluciones que se están desarrollando a nivel internacional, cuál es la situación del Ecuador frente a la tributación, la economía digital y qué estrategias podría implementar.

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Authors: Victor Cabezas Albán

El Covid-19 cerró las puertas del mundo y puso a prueba la adaptabilidad de los ordenamientos jurídicos en áreas especialmente sensibles a los cambios económicos como el Derecho del Trabajo. La intensidad de la crisis evidenció que el sistema laboral en Ecuador está construido sobre la base de asunciones quiméricas desconectadas de la realidad. Este artículo realiza una crítica a la capacidad del modelo para acoger los retos laborales durante y después del gran confinamiento. También, se examinan las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria que Ecuador adoptó. Asimismo, el autor evalúa las respuestas a esta problemática propuestas en la Ley de Apoyo Humanitario. Por último, se exploran los mayores cambios a los que el sistema laboral debería someterse para seguir vigente y lograr su acometido principal: proteger al trabajador y fomentar la productividad.

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Authors: Eugenia Novoa Z., Cristina Escobar M., Maria José Cajas A., Ljubica Fuentes O.

Si bien la administración tributaria, ha tenido varios avances en el aspecto de la digitalización de procesos, aún demuestra retrasos en su manejo de procesos frente a las necesidades que presenta una sociedad digital. Se ha evidenciado la necesidad de fomentar la implementación de tecnologías disruptivas que permitan desarrollar trámites de administración pública de forma transparente, descentralizada y eficiente. Esta necesidad se ha materializado justamente en la implementación de la plataforma de servicios como el "SRI en línea" o la sustanciación de trámites a través del sistema Quipux, como primeros intentos de digitalización de la administración. En el contexto nacional e internacional es preciso considerar como alternativa en mejora de la administración tributaria a los smart contracts y la tecnología blockchain.

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Authors: Gustavo Andrés Villacreses Brito

En un libre mercado, el bienestar se alcanza protegiendo la competencia. Los carteles entorpecen o eliminan la competencia y la reemplazan por cooperación, fijando ilegalmente condiciones de comercio. El Derecho de Competencia los combate mediante herramientas de disuasión, detección y sanción. Estos mecanismos forman parte de un régimen de lucha contra los carteles, y son eficaces cuando son interpretados técnicamente y aplicados. Sin embargo, en la práctica administrativa y judicial ecuatoriana existen interpretaciones antitécnicas de las normas de competencia, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra los carteles. Este debilitamiento del régimen se da, al menos, en las reglas de anticompetitividad por efecto y objeto; en el estándar de prueba para las prácticas concertadas; y, en la configuración de carteles en contratación pública. Estas interpretaciones antitécnicas han derivado en un estructuralmente debilitado mecanismo de lucha contra los carteles en Ecuador.

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Authors: Brian Leiter

Una "teoría realista de derecho" tiene dos elementos: "realismo" y "naturalismo". El realismo tradicionalmente asociado con Tucídedes, Maquiavelo y Nietzsche busca describir cómo las cosas son realmente, sin ilusiones románticas o moralistas; en el caso legal, queremos saber cómo el derecho e instituciones legales son en realidad, no lo que quisiéramos que sean. Realistas no suponen que las cosas como son tendrán un "˜sentido moral"™ o resultarán ser moralmente defendibles. Los naturalistas ofrecen explicaciones del fenómeno legal que sólo invocan entidades y mecanismos que figuran en exitosas ciencias experimentales; naturalistas, mayormente, no son fisicalistas. El realismo y el naturalismo del derecho, en fases anteriores, nos guían al positivismo de Hart sobre la validez legal; la tesis que el razonamiento legal subestima decisiones judiciales en algunos casos; el reconocimiento que el derecho opera primordialmente afuera de las cortes y el escepticismo sobre las teorías de derecho natural como delirios ideológicos.

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Authors: Tomáš Gábriš

Una de las objeciones contra el realismo jurídico histórico y actual es que es un enfoque meramente descriptivo y que se centra solo en abogados y partes en una disputa y que no proporciona orientación a los jueces y otras autoridades que toman decisiones sobre cómo proceder en la resolución de disputas jurídicas y en la aplicación de la ley. El realismo jurídico puede renunciar a estas ambiciones y dejarlas para la teoría jurídica tradicional, o puede pasar a una nueva fase post-realista e intentar desarrollar una teoría del derecho que pueda prescribir a los actores reales cómo comportarse en una situación de la vida real. La economía denota tal teoría por la noción de teoría "prescriptiva". Sin embargo, esta empresa requeriría centrarse en las teorías modernas de la toma de decisiones, la economía del comportamiento y las ciencias cognitivas, combinadas con teorías del derecho (neo)institucionalistas y discursivas.

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Authors: Mauricio Maldonado

Presentación del dossier

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Authors: Michel Troper

Este artículo propone una teoría realista de la interpretación cuyo rasgo distintivo es la idea de que la interpretación es, en realidad, una actividad relacionada con la voluntad y no con el conocimiento. Su objeto son enunciados o hechos, no normas en sentido estricto. La interpretación jurídica, en cuanto "interpretación auténtica", es tendencialmente libre y constitutiva de su validez, aunque ella está sujeta, también, a diversas "restricciones jurídicas" que limitan la actividad del intérprete.

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Authors: Carlo Vittorio Giabardo

El realismo jurídico estadounidense está vivo y robusto. Como teoría normativa (y no solo descriptiva), ha dado forma al mundo legal en el que estamos viviendo y ha influido en las prácticas legales actuales a nivel global. Este artículo analiza la influencia que las ideas de autores realistas (específicamente las de Charles Edward Clark) han tenido "inconscientemente" sobre el fenómeno de la privatización de la justicia civil y sobre la revolución que implicó la resolución alternativa de conflictos. El texto sugiere que muchos conceptos clave del pragmatismo y del realismo jurídico estadounidense forman parte del repertorio actual de partidarios de la resolución alternativa de conflictos. Asimismo, que la privatización de la justicia civil debe entenderse como un proyecto "no intencionado" del realismo, pues está inspirado por y refleja una visión realista del derecho, la resolución de conflictos y la justicia, aunque sin reconocerlo abiertamente.

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Authors: Patricia Mindus

La relación entre derecho y política es uno de los temas más debatidos en la teoría del derecho. No hay un consenso sobre el alcance y extensión del elemento político y del elemento jurídico en el derecho. Legislación es un concepto ambiguo porque designa a la ley que ha sido promulgada, y, por tanto, el objeto primario de muchas teorías jurídicas modernas; pero también el proceso de crearla, el cual muchas teorías del derecho, por lo general, colocan fuera del ámbito de la teoría del derecho y, de modo más específico, en la esfera política. La primera sección plantea el problema de la legislación al distinguir un número de diferentes problemas que a menudo aparecen indistintamente bajo esta etiqueta. Los distintos puntos de vista pueden mirarse de acuerdo con un espectro que va desde teorías jurídicas que sostienen que la política permea la ley de manera esencial, hasta aquellas que sostienen lo contrario. El objetivo es situar en este espectro la perspectiva de Hägerström acerca de la legislación. Mi postura es que el realismo escandinavo se mantiene en un punto medio entre la idea de que las construcciones ideológicas afectan al derecho y aquella en que la normatividad jurídica no puede reducirse a la voluntad de quienes, de facto, detentan el poder; así, el derecho no puede reducirse a ninguna idea de "voluntad" o "intención", incluyendo a aquellas de la mayoría o el pueblo. Para fundamentar este argumento, este artículo investiga la perspectiva de Hägerström acerca del establecimiento de una nueva constitución a través de una revolución política, última piedra de toque para mantener la (in)distintividad de la ley y la política. Su conclusión es que el problema no se puede explicar en términos del descubrimiento del interés público, debido a su enfoque nocognitivista; pero este tampoco puede ser explicado en términos de la toma de decisiones. Aquí legislar equivale al acceso y control de procedimientos técnicos basados en una forma de fe, o en sus términos propios, "ideas que gobiernan las mentes de los hombres".

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Authors: Equipo Editorial Revista Iuris Dictio

Presentación del dossier: Perspectivas contemporáneas del derecho de competencia.

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Authors: Rossana Lizeth Torres Rivera

La economía digital representa un nuevo reto para el derecho en temas como la regulación de los servicios de sociedad de la información y comercio electrónico. El innovador y rápido avance de la tecnología ha convertido a la economía en un ámbito muy distinto y con características peculiares del marco inicial en el que se desarrolló la normativa. En este contexto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017 del caso Uber elabora nuevos criterios sobre la naturaleza jurídica de una plataforma electrónica de economía colaborativa y cuyo estudio es importante para evaluar la trascendencia del fallo.

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Authors: Alberto Brown, Pablo Letelier

Este trabajo explora la relación entre el derecho privado y las acciones de competencia desleal, a través del análisis de las principales características de la acción de enriquecimiento injustificado por actos de competencia desleal en el derecho español. Dicho análisis sugiere que las acciones especiales reconocidas por el derecho de competencia desleal protegen intereses económicos que a veces justifican un distanciamiento de las normas prevalentes del derecho privado. Esta conclusión puede tener consecuencias importantes al evaluar los requisitos de las acciones de competencia desleal, especialmente en sistemas jurídicos en que dichas acciones son entendidas primeramente como la vía de tutelar los intereses particulares de los agentes de mercado.

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Authors: Jorge Vinicio Duque Saguay, Mauricio Esteban Vásquez Andrade, Mauricio Esteban Vásquez Andrade

La letra b) del artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece la obligatoriedad de notificar operaciones de concentración económica con base en el cálculo de cuotas de mercado, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, debido a la falta de claridad que supone la determinación del mercado relevante y las cuotas de mercado, hecho que determina la necesidad de eliminarlo a la luz de las buenas prácticas internacionales.

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Authors: Carlos Marcelo Núñez

En el presente artículo se hará un análisis comparativo entre el actual régimen de funcionamiento, estructura y atribuciones de la Contraloría General del Estado con el Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado presentado por el Contralor Subrogante Pablo Celi. En este proyecto se plantea la posibilidad reestructurar la actual Contraloría General del Estado como un Tribunal de Cuentas conformado como organismo colegiado por siete Ministros Auditores que ejercerán las funciones y competencias del actual Contralor General del Estado. El cambio apunta a la toma de decisiones mediante un mecanismo deliberativo propio de la democracia moderna que, a través del debate reflexivo sustentado en principios normativos y criterios técnicos, sustituya las posibles arbitrariedades que pueden existir cuando la decisión es tomada a criterio de una única persona.

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Authors: Fernando Bajaña Tovar, Paúl Antonio González Morán

Las modernas dinámicas de mercado han optado por incorporar dentro de la noción de Economía Colaborativa aquellas prácticas con fines de lucro que son ejercidas de forma sofisticada, a través de las denominadas tecnologías de la información y comunicación. Esta situación, discurre con la intención inicial con que surgió el consumo colaborativo, génesis de la economía cooperativista. La situación descrita surge a modo de enmascarar las relaciones comerciales que subyacen detrás de las plataformas digitales, con el ánimo de liberar el cumplimiento de las cargas legislativas que se imponen en el curso normal de actividades mercantiles. Esta liberación injustificada de cargas normativas tiene como antecedente una búsqueda histórica del sistema capitalista por eludir los gravámenes engorrosos, todo lo cual traduce en los operadores económicos, un abaratamiento desleal de costos regulativos dentro de sus procesos mercantiles. Lo expuesto, con el ánimo de hallar un desplazamiento ilícito de la demanda en su favor y conseguir altos índices de maximización de utilidades. En ese contexto, el presente ensayo procurará pasar revista a las modalidades utilizadas a lo largo del tiempo para eludir costes, hasta llegar al enmascaramiento en las formas propias de la economía colaborativa, con una especial revisión de estas nuevas prácticas mercantiles y su eventual encuadre en conductas de competencia desleal, a la luz de la normativa ecuatoriana que regula las actividades de mercado, particularmente, respecto a la cláusula específica de no violación de normas.