Iuris Dictio

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Authors: Delia Lipszyc

El sistema de solución de diferencias de la OMC es considerado como un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al comercio multilateral.

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Authors: Marena Briones Velasteguí

El poder de decisión se ha descolocado, no sólo internacionalmente, sino también nacionalmente. El Estado-nación y su configuración jurídica se han visto sacudidos, además, por los ímpetus descentralizadores y las reivindicaciones locales de sus correspondientes cuotas de poder.

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Authors: Diego Pérez Ordóñez

En las acciones de hábeas data se puede encontrar una reiterada confusión con la exhibición, una figura típica del procedimiento civil.

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Authors: Luis Hidalgo López

La tipificación de infracciones, atribución exclusiva del Congreso Nacional ejercida al dictar leyes, ha sido usurpada como un patrimonio histórico de la administración pública-, al ser ejercida contradiciendo el precepto contenido en el numeral I o. del Art. 24 y numeral 2o. del Art. 141 de la Constitución Política, con motivo de expedir Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales o simplemente Resoluciones.

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Authors: Alberto Wray Espinosa

El sistema procesal, dice el artículo 192 de la Constitución, hará efectivas las garantías del debido proceso. De esta manera queda definida la finalidad general de la legislación procesal, que no es otra que constituirse en medio para asegurar la eficacia de uno de los derechos que el Estado garantiza a todas las personas: el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, reconocido expresamente por el numeral 27 del artículo 23 de la Constitución.

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Authors: Jacinto Velázquez Herrera

El tema es apasionante. Aparte del carácter científico, que posee en alto grado, es indudable su trascendencia política por supuesto entendiendo el término en su sentido lato. Quiero ser muy claro en orden a mi aserto de que no debe opinarse y, obvio, jamás lo hice ni lo haré, por impulso de conveniencias para promover ocasionales popularidades ni menos, muchísimo menos, con el propósito de alcanzar liderazgo a partir de la defensa de posiciones que parezcan simpáticas o no para las diferentes Provincias del país, a las que no es dable alentarles esperanzas dirigidas a que supongan que la postura tal o cual va a solucionarle sus problemas. No soslayemos que todo ecuatoriano está obligado a condenar del modo más enérgico e irreversible, al que promueva sentimientos de orden regionalista negativo. No es malo defender lo suyo; lo detestable es hacerlo a costa de sacrificar a los demás.

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Authors: Francisco Díaz Garaycoa

Sería muy importante que la Corte Suprema recoja la rica jurisprudencia generada por dirimencias en fallos contradictorios por obscuridad o duda de las leyes, y presente a la legislatura los proyectos de reformas legales que contengan sus pronunciamientos. La justicia persigue dar la razón a quien le corresponde, dentro de los conflictos que son sometidos a la decisión de sus órganos. La administración de la justicia está confiada a mujeres y hombres doctos en derecho, con capacidad para aplicar debidamente el ordenamiento legal y los principios jurídicos que lo animan. La buena administración de la justicia es elemento esencial para que una sociedad pueda desenvolverse con normalidad, al saber sus miembros que, en caso de ser vulnerados sus derechos, podrán acudir al Estado para demandar la debida restitución o la reparación por los daños sufridos. La confianza en la justicia deviene no solo de la competencia de quienes la administran, sino de la imparcialidad con la que deben actuar como representantes de la sociedad en su conjunto.

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Authors: Lorena Cascante Redín

La intervención de las personas a un proceso está sometida a ciertos requisitos con los que deben cumplir cada una de ellas. Este es un estudio preliminar, y con análisis de fallos, de la legitimación procesal o en el proceso. A la Corte Suprema de Justicia le compete el control de la legalidad de las resoluciones de los juzgadores de instancia. Este control lo ejerce a través de sus fallos, dictados como Tribunal de Casación.

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Authors: Fabián Corral Burbano de Lara

La reforma del Estado por la vía de autonomías va más allá del replanteo del servicio público y de la reformulación de las funciones municipales. Esa propuesta implica una dispersión jurídica y operativa del poder político -legislativo, controlador, administrativo, etc.- en regiones autónomas.

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Authors: Diego Pérez Ordóñez

Con seguridad la palabra “democracia” es de las más usadas del diccionario. Sin embargo, su concepto ha evolucionado desde la democracia ateniense, eminentemente participativa, hasta la contemporánea, de características representativas. La discusión sobre la efectividad de la democracia, como el menos malo de los sistemas políticos, gira en tomo a sus ingredientes: elecciones Ubres, adecuados niveles de representación, participación y fiscalización ciudadana, por citar solamente algunos.

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Authors: Reinaldo Calvachi Cruz

No son asimilables las posiciones legales de un funcionario o servidor público con un funcionario de una institución financiera privada. La jurisprudencia ha debido forzar conceptos e interpretar extensivamente las normas legales para hacer compatible el juzgamiento como peculado propio a un funcionario bancario. El peculado, que se encuentra tipificado en el artículo 257 del Código Penal, es una figura penal que sanciona la violación de la correcta marcha de la administración pública en su aspecto patrimonial por parte de un funcionario público. El legislador, a través de la ley penal, busca precautelar la funcionalidad de la administración pública vinculada a sus funcionarios, lo que implica que de por medio estén implícitos los objetivos y fines del Estado.

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Authors: Álvaro Galindo Cardona

Las alternativas para solucionar conflictos, como la mediación, la conciliación, el arbitraje y la evaluación neutral de casos son opciones colaborativas para solucionar las controversias que se presentan en esta materia. Las legislaciones nacionales y los organismos internacionales han prestado atención al desarrollo de vías pacíficas para solucionar los problemas que se presentan en la materia autoral. Así, ha habido avance y profundización de estudio en la gama de opciones que se presentan para abordar las diferencias, a través de la negociación, la mediación, el arbitraje, o sistemas híbridos, como la mediación-arbitraje o la evaluación neutral de casos.

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Authors: Luis Hidalgo López

La normativa constituye una expresión del derecho, esto es una ordenación recta, un orden jurídico que unifica lo múltiple, manifestado en un conjunto de normas coherentes de la conducta humana tendiente a procurar la realización de la justicia y, en su accionar, de la paz institucional y social.

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Authors: Efraín Pérez

La finalidad de este documento es suministrar los antecedentes para el deslinde jurídico de los conceptos de descentralización y autonomía, tanto administrativa como política. Para el efecto, se ilustra la discusión con las propuestas de descentralización y autonomía vertidas en el ámbito político ecuatoriano, contrastándolas con la Constitución y el derecho público ecuatoriano y con la doctrina del derecho administrativo, especialmente del español.

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Authors: Miguel Hernández Terán

Con alguna audacia hemos llegado a conceptualizar a la modernización del Estado como un conjunto de políticas, actitudes y acciones orientadas firmemente a la búsqueda o el incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y productividad del desempeño de las instituciones del Estado y sus órganos, sobre la base de la racionalidad. La modernización de la administración de justicia consiste en la aplicación de tal concepto a la prestación del servicio público de administrar justicia. También podemos decir que la modernización de la administración de justicia procura la ampliación del horizonte de aplicación efectiva de la misma en términos inmediatos, así como potencializar tal horizonte a corto, mediano y largo plazo, sobre las bases del debido proceso, la imparcialidad, y la autonomía interna y externa de los órganos de la Función Judicial y de ésta misma respectivamente. Obviamente esa eficiencia y esa productividad a que hemos aludido depende de diversos factores. Así, humanos, económicos y jurídicos. La facilidad otorgada por el BID es esencialmente de tipo financiero. Corresponde a la Función Judicial y a las áreas, órganos e instituciones relacionados con su desenvolvimiento, aportar con la parte que racionalmente les corresponde en el marco de sus competencias específicas. Para lograr estos propósitos modernizadores el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha suscrito un convenio de cooperación no reembolsable con el Ecuador, llamado Modernización del Sistema Jurídico, signado con el número ATN- SF-5687 EC. Sus puntuales propósitos, la proyección de su ejecución y su ejecución misma la presentamos a continuación. Y lo hacemos con el convencimiento de que este canal de comunicación que hemos encontrado en la Revista del área de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito constituye una posibilidad real de difusión de las actividades que venimos cumpliendo en PROJUSTICIA con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo; institución a la que una vez más agradecemos por la facilidad provista a través de la cooperación anotada.

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Authors: Juan M. Quevedo

Ecuador tiene un número impresionante de Cartas Políticas Si fueran más simples y menos reglamentarias, tendrían más raigambre y la ciudadanía las conocería y respetaría.

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Authors: Ricardo Noboa Bejarano

La acción de amparo constitucional corre el riesgo de prostituirse si el Congreso Nacional, con la discusión de las reformas a la Ley di Control Constitucional, y la Función Judicial, no actúan con respons abilidad. Drobidad y reflexión científica.

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Authors: Diego Pérez Ordóñez

La acción de amparo, recogida y modificada por la Constitución de 1998, nació con el objetivo de proteger las potenciales y efectivas violaciones de los derechos constitucionales. La Carta Política, que ahora la llama acción en vez de recurso, amplió su aplicación con el objetivo de precautelar estas violaciones no solamente de parte de la autoridad, sino también de quien preste un servicio público o, en ciertos casos, de los particulares. Lo anterior es teoría. Lo que ha ocurrido en la práctica es la prostitución del amparo constitucional. Los juzgados se han llenado de estas acciones, casi con cualquier excusa. Aprovechando la prohibición constitucional de inhibición, muchos abogados la presentan incluso contra laudos arbitrales, personas jurídicas de derecho privado, a sabiendas de que no han afectado grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso, como lo exige la Constitución.

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Authors: César Coronel Jones

Una exposición de las reiteraciones y diferencias de los principios generales relativos a la Función Judicial, contenidos en la Constitución vigente. Se aborda la unidad jurisdiccional, el sistema procesal, la constitucionalización del debido proceso, y el sistema penitenciario, entre otros temas. La Constitución de 1998 dictada por la Asamblea Nacional, establece, en el Título VIII a lo largo de cuatro capítulos, el Régimen de la Función Judicial, termómetro del grado de moralidad social del país. Los capítulos están dedicados a los Principios Generales; organización y funcionamiento; Consejo Nacional de la Judicatura y Régimen Penitenciario, respectivamente. En la reciente regulación, encontramos algunas reiteraciones básicas de principios contenidos en la anterior Constitución, pero también importantes diferencias o novedades.

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Authors: Fernando de Trazegnies Granda

El proceso de desmaterialización ha afectado a todo el Derecho y se ha ido profundizando a medida que avanzaba la modernidad. Al punto que la práctica y el orden jurídico contemporáneos en gran parte están construidos sobre la base de símbolos y emblemas, de representaciones, de sombras, de situaciones meramente delineadas que, sin embargo, son tan fuertes o más fuertes que las realidades tangibles.

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Authors: Patricio Quevedo Terán

Uno de los periodos políticos mas accidentados del Ecuador termino con la expedición de la Constitución de 1938. Se reaviva la polémica acerca de su vigencia, con una detallada crónica histórica de los sucesos de la convulsionada época.

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Authors: Alberto Wray Espinosa

Las reglas incorporadas en la Constitución y en los instrumentos internacionales tienen carácter eminentemente procesal, y aunque vayan dirigidas fundamentalmente a los jueces y a los órganos de la administración que emiten actos creadores de normas jerárquicamente inferiores a la ley, también constituyen reglas para el legislador y permiten que el contenido de las leyes sea sometido a examen.