Cooperativismo & Desarrollo

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Authors: Juan Enrique Santana Félix

El presente trabajo pretende dar a conocer y generar discusión sobre un tema que ha surgido en Puerto Rico y posiblemente en otros países de Latinoamérica y del Caribe, aunque tal debate no nos consta ni hemos podido identificarlo allá de los mares, incluyendo alguna discusión sobre los efectos que pudiera tener en las distintas políticas públicas aprobadas por los Gobiernos Nacionales. Este debate por su relación con la clase obrera y la clase cooperativista tiene el potencial de provocar confrontaciones, intelectuales y doctrinales e impactar teo-rías y posiciones sobre la autonomía e independencia del cooperativismo, lo que nos impone la obligación de repensar el asunto y elevarlo a discusión pública incluyendo la necesidad de mejorar la educación en materia cooperativa y con mayor rigor en las personas que están obligadas a interpretar la legislación vigente y adoptar determinaciones sobre su alcance mas cuando tal política pública nace de una legislación social.La realidad es que en nuestra Isla, Puerto Rico, existen varias escuelas de derecho, ninguna de las cuales requiere matricularse en un curso sobre derecho o educación cooperativa que no resulta ser un tema tan es-tudiado como lo es el derecho laboral y por tanto es muy poco probable que tengamos funcionarios judiciales o magistrados interesados o doctos en materia cooperativa, lo que presagia un disloque en las decisiones judiciales vis a vis la política pública vigente en favor del cooperativismo.En los hechos estudiados en este escrito pretenderemos demostrar cómo la Legislación Cooperativa y por ende la política pública que de ella emana cede ante la Legislación Laboral impactando los derechos y obligaciones que surgen de las leyes vigentes, la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y del acto cooperativo.

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Authors: Luis Ángel Sánchez Pachón

La preocupación por elBuen gobierno corporativo no ha estado ausente en el sector cooperativo. Muchas de las disfuncionalidades que se apuntan en la estructura y funcionamiento de las cooperativas son comunes en el ámbito de empresas societarias del sector privado capitalista, aunque, evidentemente, lo sean bajo parámetros diferentes. Conviene, por ello, examinar las propuestas sobre gobierno corporativo (corporate governance), que, aunque centradas en el gobierno de las sociedades cotizadas, se han venido elaborando en los últimos años, impulsadas por los cambios operados en la realidad económica y social. Ahora bien, en este análisis resulta prioritario conocer la perspectiva o enfoque de buen gobierno corporativo que se siga (accionarial o monista versus pluralista o Stakeholders), así como la técnica jurídica que se proponga (intervención legislativa versusautorregulación a través de los que se conoce como Códigos de Buen Gobierno). En el trabajo que presentamos, después de perfilar algunos aspectos conceptuales, describimos cómo se han incorporado al Derecho español las ideas del gobierno corporativo, destacamos las principales etapas en esa búsqueda de la construcción del buen gobierno societario y analizamos algunas propuestas concretas de buen gobierno que, desde distintos ámbitos, se han dirigido, especialmente, a las sociedades cooperativas

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Authors: Pablo Guerra - Sergio Reyes

En el presente artículo se analizan los aportes legislativos respecto a las temáticas del cooperativismo y de la economía social y solidaria (ess), en el marco de los tres primeros gobiernos progresistas del Frente Amplio. Se destacan en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la legislación en cooperativas sociales y la concreción de un viejo anhelo del movimiento cooperativo, esto es, una ley general del sistema cooperativo. Bajo el mandato de José Mujica (2010-2015) se destaca la creación del Fondo para el Desarrollo (Fondes), dirigido fundamentalmente a promover las experiencias autogestionarias. En el tercer mandato del fa (2015-2020), nuevamente bajo la presidencia de Vázquez, se formaliza el Fondes en ley y se avanza en la considera-ción de una legislación en ess. Será de fundamental importancia comprender el contexto político-ideológico desde el cual se construyen estas normas. De esta manera, se pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Qué razones explican el pasaje de un modelo meramente cooperativo hacia otro más amplio en términos de ess? ¿Cómo fueron avanzando estos temas en la agenda programática del Frente Amplio? ¿Cuáles son las diversas orientaciones que pesan en la configuración de los proyectos de ley actualmente en discusión parlamentaria?

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Authors: Isabel Gemma Fajardo García

El concepto de economía social se encuentra en la doctrina y en las políticas públicas en la Unión Europea y en sus Estados miembros desde la década de los ochenta del siglo xx. En el 2009, el Parlamento Europeo instó a los Estados a regular la economía social, a fin de visibilizarla y estar en capacidad de elaborar y aplicarle políticas de fomento tanto desde la Unión Europea como desde los Estados. Nos hemos planteado hasta qué punto ha tenido respuesta esta recomendación del Parlamento Europeo y hemos analizado las legislacio-nes europeas dictadas en torno a la economía social y solidaria, buscando destacar sus rasgos de identidad como, por ejemplo, el concepto, los fines y los principios, así como los modelos de empresa propuesta y el sistema de acreditación de su condición de empresa de la economía social. A partir del análisis de las leyes aprobadas a partir del 2009, se llega a la conclusión de que, si bien se ha dado un reconocimiento legal de la economía social, este no ha sido muy extendido y, además, los avances en favor de su promoción no han sido significativos. Por una parte, la pluralidad de conceptos que se han generado en torno a la economía social (economía solidaria, economía colaborativa, empresa social, emprendimiento social) están creando confusión sobre su concepto y ámbito. Por otra, porque las empresas clásicas de la economía social (cooperativas, mu-tuas, asociaciones y fundaciones) son aún objeto de discriminación en la regulación relativa a los empresarios (sociedades, contabilidad, fiscalidad, competencia, etc.) y a las actividades empresariales, razón que en su momento justificó la unión de las empresas de la economía social para reivindicar su derecho a desarrollarse en igualdad de condiciones frente a las empresas de capital.

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Authors: Ligia Roxana Sánchez Boza

A partir del desarrollo de las cooperativas, en el siglo xx se hace referencia a los aspectos más importantes de la vida del cooperativismo costarricense, con base en la legislación promulgada, y tomando algunos datos ofrecidos por autores interesados en este tipo de desarrollo socio empresarial. Se resalta la expansión política del cooperativismo costarricense en el ámbito nacional y se atrae la atención en la ausencia de reconocimiento de sectores que como ahorro y crédito y las mujeres cooperativistas dentro de la organización política del Consejo Nacional de Cooperativas. A más de un siglo, el Índice de Progreso Social ofrece datos importantes sobre el impacto social del cooperativismo, en algunos de los cantones que demuestra su vigencia e importan-cia para la economía del país. La influencia de entes como la Alianza Cooperativa Internacional, el avance de los derechos equitativos de las mujeres y la aceptación de normas internacionales de contabilidad han influido en la propuesta de proyectos, algunos con éxito, otros están a la espera de la decisión legislativa, como es la incorporación de un sector de economía social

1-23

Authors: Gustavo Alberto Sosa

En 1994, el Poder Ejecutivo nacional de Argentina emitió el Decreto 2015/94, por el cual estableció que el por entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa (inac), en la actualidad Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), se debería abstener de autorizar a funcionar cooperativas de trabajo que prevean, en el cumplimiento de su objetivo social, contratar servicios cooperativos por terceras personas empleando la fuerza de trabajo de sus asociados. Con el fin de reglamentar dicho Decreto, el inac emitió la Resolución N.° 1510/94, por la cual declaró comprendidas en dicha situación las solicitudes de autorización para funcio-nar como cooperativa de trabajo que se vinculen con las siguientes actividades: agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribuciones de correspondencia y servicios eventuales. De esta manera, se consagró un impedimento al desarrollo de nuevas cooperativas de naturaleza claramente ilegítima, ya que se presu-ponía, desde el origen, la actividad en fraude a la ley laboral (y, como contracara de la misma moneda, a la norma cooperativa) antes de haberse dado la posibilidad de funcionar a las entidades. El Estado renunciaba así a ejercer su rol de fiscalización, al prohibir lisa y llanamente el desarrollo de determinadas actividades por parte de cooperativas de trabajo. Asimismo, se ponía bajo “manto de sospecha” toda actividad de trabajo cooperativizado que se desarrollara por fuera de un comercio o de una planta fabril. No obstante el tiempo transcurrido y los hechos acontecidos en el país desde entonces, estas prohibiciones mantienen vigencia pese a su manifiesta ilegalidad. Este artículo se propone presentar un desarrollo histórico, desde 1994, de estos hechos, y realizar un análisis crítico de esas normativas, sin dejar de mencionar el daño que estas le han ocasionado al cooperativismo de trabajo nacional. Parte del trabajo será el reflejo de la experiencia del autor como asesor legal del área cooperativa del Inaes, autoridad de registro, promoción y control de las cooperativas y mutuales de todo el país. De igual forma, se recurre a la normativa, la doctrina y la jurisprudencia específica.

1-13

Authors: Hagen Henrÿ

El artículo parte del fenómeno de homogeneización de las formas de empresa por las leyes organizativas para presentar argumentos empíricos y jurídicos en favor del mantenimiento de la diversidad de esas formas como elemento de realización del concepto jurídico de desarrollo sostenible. Insiste en la necesidad que la distinción de las cooperativas se haga por el medio de la ley y propone la participación democrática en su sentido más amplio como criterio de distinción en un entorno en donde la noción de empresa cambia radicalmente.