Revista de la Facultad de Jurisprudencia

61-88

Authors: Christian Narváez Barrera, Antonella Cordero Porras

El presente trabajo tiene por objeto determinar si las medidas regulatorias implementadas de facto por el Estado ecuatoriano en el mercado de comercialización de productos básicos agrí­colas, especí­ficamente, en productos como el maí­z, la leche cruda y el suero de leche, y el arroz, cumplen con los objetivos determinados por la Ley de Control de Poder de Mercado y su Reglamento; y, por lo tanto, pueden ser determinadas como ayudas públicas. Conforme se analiza, las ayudas públicas se pueden conferir por razones de interés social o público, o en beneficio de los consumidores; y, en el sector agrí­cola, a efectos impulsar la producción y transformación de alimentos, destinadas a garantizar la soberaní­a alimentaria y que se otorguen a pequeñas y medianas unidades de producción comunitaria y de la economí­a popular y solidaria. Se concluye que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es el órgano llamado al análisis de la eficiencia de las medidas teniendo en cuenta que, al no existir una polí­tica clara de competencia, actualmente, no se puede determinar si efectivamente estas medidas son económicamente eficientes; o, si por el contrario, las polí­ticas adoptadas en lugar de beneficiar a la economí­a nacional, la afectan negativamente.

110-129

Authors: Enrique Alberto Ghersi Silva

La presente nota de investigación introduce algunas reflexiones en torno al concepto Derechos de Propiedad. En ese sentido, se propone una contraposición teórico-conceptual a partir de la comparación argumentativa del Civil Law y el Common Law. Esta contraposición se introduce al amparo de la teoría del “Derecho & Economía”, con una especial recurrencia al enfoque propuesto por el “Análisis Económico del Derecho”. Se inicia con un breve recorrido histórico para después plantear algunas tesis distanciadas de la comprensión generalizada que existe en torno a nociones como el derecho de dominio la propiedad material, entre otros aspectos circunscritos.

158-178

Authors: Iván Rodrigo Avalos Barreno

El trabajo analiza a la figura de la extradición y el asilo, a la luz del derecho internacional, conjuntamente con la posibilidad de que estas sean aplicadas en contra o a favor del expresidente del Ecuador Rafael Correa; utilizando para ello el método teórico de deducción al partir de los principios normativos de ambas figuras para aplicarlos teóricamente en el caso de Correa. La extradición es abordada en un primer apartado para luego continuar con los requisitos que el Ecuador debe tomar en cuenta para solicitarla, a continuación se intenta dar respuesta a la pregunta í‚¿Es requisito sine qua non la existencia de un convenio internacional entre el paí­s requirente y el paí­s requerido para aplicar la extradición?, el siguiente apartado trata sobre el principio de no intervención, posteriormente el asilo y la posibilidad de que Correa se beneficie del mismo así­ como los dictámenes de ACNUR son expuestos, para por ultimo realizar un cuadro comparativo entre la extradición y el asilo. El artí­culo concluye en que son más los fundamentos técnico- jurí­dicos en pos de que Correa obtenga el asilo en Bélgica, evadiendo así­ la extradición.

208-244

Authors: Patricio Eduardo Hernández Renterí­a

La Iniciativa Yasuní – ITT representó una propuesta innovadora y de vanguardia del Estado ecuatoriano, orientada a posicionar a nivel mundial un cambio de prioridades en el modelo de desarrollo imperante con base a la preservación de bienes y servicios ambientales fundamentales para la vida en el planeta y a la corresponsabilidad de los Estados en este objetivo. Buscó para ello el apoyo de la comunidad internacional a la decisión estatal de no explotar el campo petrolero “Ishpingo – Tiputini – Tambococha” (ITT), ubicado al noreste del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, donde existían reservas probadas de crudo de petróleo de al menos 920 millones de barriles. Esta medida representaba para la economía ecuatoriana, prescindir de un ingreso potencial de 7000 mil millones de dólares, al tiempo de evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 407 millones de toneladas de CO2. Este fue el planteamiento central del discurso del Presidente del Ecuador al presentar formalmente la iniciativa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2007. Un elemento destacado que, igualmente, se buscaba proteger con el desarrollo de esta iniciativa, era la tutela del derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan principalmente dentro del Parque Nacional Yasuní, conocidos como los Tagaeri y Taromenane. La no explotación del Bloque ITT fortalecería la medida de protección implementada por el Gobierno de Ecuador a través de la creación de una Zona Intangible que prohibía las actividades extractivas dentro del perímetro que se consideraba como el que ancestralmente ocupan dichos pueblos. Hasta el 15 de agosto de 2013, cuando el propio Presidente Rafael Correa expidió el Decreto Ejecutivo No.074 que dispuso la terminación del fideicomiso creado para financiar la Iniciativa Yasuní-ITT, el impulso de la misma constituyó un emblema de la política exterior del país. El respaldo que sumó en sus inicios por parte de un creciente número de sectores y movimientos sociales a nivel nacional, así como de varios Estados, organismos internacionales y personalidades a nivel mundial, finalmente no se concretó con el aporte económico esperado. De acuerdo a los registros de la Iniciativa, hacia el final de su vigencia se habían recaudado cerca de 13 millones y medio de dólares, cuando el monto mínimo requerido de aporte para dejar el petróleo bajo tierra y que opere el fondo con el que se desarrollarían proyectos de conservación y desarrollo sostenible, era de 100 millones de dólares hasta el 2011 y de 3600 millones en trece años. Más allá de las lecturas y comprensiones que generó su terminación y la posterior decisión del Gobierno ecuatoriano de avanzar con el proyecto de explotación de los Bloques Petroleros 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, el impulso de la Iniciativa Yasuní-ITT logró trascender en las agendas de las políticas públicas del nivel nacional e internacional. Así, mientras a lo interno propició un debate inédito en la población sobre las ventajas y desventajas de la relación existente entre actividades extractivas vs. conservación de la naturaleza, a nivel externo incidió en la exploración de nuevas formas de contribución de los Estados a los compromisos sobre el cambio climático. Su no concreción para dar paso nuevamente a la extracción de petróleo es, como éste, un oscuro aprendizaje de un dilema ético que desgarra la conciencia de nuestra civilización.

269-294

Authors: Massimiliano Geraci

At the beginning of the XX century, the industrial sector was revolutionized by the implementation of the Scientific Management, a new managerial approach seeking for production efficiency to the detriment of the workers’ autonomy based on meticulously planned activities and consistent performances monitoring. Through the century, this method has evolved with the implementation of new technologies such as the algorithms, robust codes able to increase productivity significantly by enabling companies from the industrial sector to the logistics to monitor, plan and control their workers’ performances as strictly as possible. The gig economy is the economic sector, which most of it all is applying this new management approach, drastically changing the relations between workers and employers, modifying the very nature of the employment status. Fundamental rights and industrial relations are at stake when there is no more contact between humans and when workers are managed by apps empowered to control their working tasks and to dismiss them, which raises severe questions on the accountability of these decisions. Public institutions and trade unions are facing new challenges to protect those workers considered by companies as “independent contractors” that attracted by secure payments, and stable schedules decide to become gig workers. Especially those that are de facto working as full-time employees without having their fundamental rights nor benefits recognized due to the unregulated nature of their contracts. This article aims to investigate the origin of this pressing social issue, its inherent characteristics, the risks connected with non-bias free algorithms’ use, and their lack of legal accountability. Moreover, starting from the underlying assumption that fundamental workers’ rights and performance management might work together toward a more efficient and liquid society, algorithmic management’s future evolution will be questioned regarding the ethical outcomes of its implementation.

320-334

Authors: Estefania Samaniego Valencia

El presente trabajo va enfocado al análisis de la retención voluntaria a prorrata del sueldo que percibe quien tenga la obligación de dar alimentos a fin de sustituir la medida cautelar de prohibición de salida del paí­s; puesto que la legislación ecuatoriana establece que para que cese la medida cautelar se debe cumplir con la totalidad de la obligación o rendir garantí­a suficiente que cubra la misma y aunque se empiece a realizar un pago constante de la pensión alimenticia, el hecho de mantener cuotas pendientes de pago imposibilita que se levanten las medidas cautelares impuestas, por lo que se propone plantear un medio alterno que posibilite el levantamiento provisional de la medida cautelar de prohibición de salida del paí­s a los alimentantes que demuestren la voluntariedad de cumplir con la obligación.

366-404

Authors: Lizzeth Villavicencio Logroño

Las empresas públicas son entidades a las cuales los Estados han ido atribuyéndoles caracterí­sticas hasta convertirlas en una herramienta fundamental para el cumplimiento de sus objetivos. Debido a su utilidad, se ha previsto un régimen jurí­dico particular que les permita asimilar su funcionamiento a las empresas privadas para que puedan competir en igualdad de condiciones y producir rentabilidad social. En el mismo sentido, se ha sugerido que su régimen laboral diste de aquel que impera en el resto del sector púbico. A través de una metodologí­a explicativa, el presente artí­culo pretende develar el régimen laboral que el legislador ecuatoriano ha previsto para los servidores públicos que trabajan en estas entidades. Desde una perspectiva analí­tica, se pretende concluir que se trata de un régimen mixto que no concuerda con lo establecido por la doctrina y que requiere ser unificado para evitar interpretaciones arbitrarias.