Iuris Dictio

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Authors: Sebastián Albuja

En las últimas décadas, el pensamiento libertarianista ha adquirido cierto protagonismo en el mundo académico y en el ámbito político. Los defensores del libertarianismo se han autoproclamado los verdaderos herederos del liberalismo clásico, y han sostenido que el liberalismo actual no plantea ni defiende adecuadamente las ideas fundamentales del liberalismo clásico. Para los libertarianistas modernos, el liberalismo de esta época, en todas sus variaciones, distorsiona los ideales del liberalismo clásico, mientras que el libertarianismo entiende e interpreta de manera precisa lo que el liberalismo clásico supone en nuestros días. En este ensayo cuestiona y critica esta posición asumida por el libertarianismo moderno. Para ello, en primer lugar, explicaré de manera breve la posición liberal clásica sobre el rol legítimo del estado y la autoridad, propuesta por John Locke y John Stuart Mill, haciendo una breve referencia a la "Carta sobre la Tolerancia" de Locke y al libro "Sobre la Libertad" de Mili. Luego trataré de explicar la posición del libertarianismo actual acerca los límites del poder y la actividad estatal, haciendo referencia a las ideas propuestas por Robert Nozick. Sobre la base de estas dos secciones, trataré de argumentar que la idea de que el liberalismo clásico de Locke y Mili desemboca necesariamente en el libertarianismo actual, del cual Nozick es quizá el más sólido defensor, es imprecisa y descansa sobre premisas incorrectas. Finalmente, intentaré hacer una crítica al argumento de Nozick en defensa del "estado mínimo" (nightwatchman state). La "Carta sobre la Tolerancia" de Locke y "Sobre la Libertad" de Mili son dos piezas clave que contienen los argumentos fundacionales en defensa de la libertad. Estos autores parten de la premisa de que la libertad es un valor superior y que, por lo tanto, debe ser preservada a toda costa. Es decir, Locke y Mili no se ocupan de explicar y demostrar, a través de mecanismos de fundamentación moral, por qué la libertad es un valor superior que debe ser privilegiado frente a otros, como, por ejemplo, el valor de la comunidad o de lo comunal. Para estos dos autores, la mejor manera de proteger la libertad individual es determinar con precisión su alcance y sus límites. Adicionalmente, es imprescindible desarrollar mecanismos adecuados para evitar que el Estado limite la libertad. Sin estos mecanismos, señalan estos dos autores, el poder estatal necesariamente violará la esfera individual de libertad.

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Authors: Jorge V. Vásquez

La administración de justicia en el campo laboral, corresponde a los Jueces de Trabajo para atender los juicios individuales; y a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos colectivos y reclamaciones suscitados entre las organizaciones sindicales y sus empleadores.

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Authors: Farith Simon Campaña

El nuevo Código de la Niñez y Adolescencia1 (en adelante CNA) introdujo importantes innovaciones normativas e institucionales, las que han transformado de manera significativa la situación jurídica de la institucionalidad pública encargada de garantizar y proteger los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país. La ley, en varios aspectos, es una ruptura con modelos normativos-institucionales introducidos en el país desde 1938 por medio del primer Código de Menores, redactado y puesto en vigencia durante la dictadura del Gral. Alberto Enríquez Gallo. El modelo adoptado en 1938 respondía a una tendencia creciente en la región2 que se dirigió a excluir del derecho penal a las personas menores de edad, proceso que se basó en la llamada doctrina de la "situación irregular"3. El costo de la exclusión del derecho penal fue el de la negación de garantías y derechos reconocidos para todos los seres humanos, permitiendo una acción e intervención indiscriminada del Estado en la vida de aquellos niños y niñas excluidos, sea por pobreza o por violencia (como víctimas o victimarios). En nuestro país el modelo de "justicia de menores" adoptado tomó las características de un "servicio judicial" dependiente de la Función Ejecutiva, con una composición multidisciplinar, que de acuerdo a Emilio Uzcategui4, se aprobó debido a que su ""¦jurisdicción es de carácter preventivo y reeducativo, o sea, de readaptación social" y por ""¦ la imposibilidad de encontrar para cada provincia una persona provista de la triple cultura y formación del abogado, del médico y del educador ("¦)"5. A partir del año 1938 se dieron sucesivas reformas al "sistema de justicia de menores", casi todas ellas dirigidas a introducir nuevas competencias, por ejemplo, alimentos legales, asistencia a mujeres embarazadas, conflictos sobre tenencia, visitas, autorizaciones de trabajo a menores de edad, etc.6, y a perfeccionar el mecanismo de apelación7. Hasta la aprobación del CNA el servicio judicial de menores era dependiente del Ministerio de Bienestar Social, estaba conformada por los llamados tribunales de menores (existían 31), quienes tenían jurisdicción provincial, compuestos por un vocal médico, educador y un abogado (quien lo presidía). El organismo de apelación eran las cortes distritales de menores (Quito, Guayaquil y Cuenca) y existía una "Corte Nacional de Menores"8 como un órgano de administración del sistema, sin competencias jurisdiccionales. Como órgano auxiliar se contaba con el Servicio Social Judicial9. Esta reforma (el de cortes distritales y las nuevas competencias de la Corte Nacional de Menores) se introdujo en el Código de Menores de 1992, siendo la transformación más profunda en 54 años10, pero no alteró temas esenciales, y fuertemente criticados, como la dependencia al Ejecutivo (por tanto su falta de independencia estructural); su composición multidisciplinar (a pesar de que todas las investigaciones realizadas sobre su funcionamiento demostraron la pobrísima aportación de los vocales -médico y educador- en los casos sujetos a su conocimiento); y, los problemas de competencia, en la que mezclaban asuntos de naturaleza social, de competencia de las autoridades administrativas, como temas "jurisdiccionales" propios de la administración de justicia. Esta permanencia del modelo por tantos años podría ser explicada por una razón ideológica, la consideración jurídica de niños, niñas y adolescentes como objetos de protección y no como sujetos plenos de derechos (por lo tanto no titulares de las garantías mínimas reconocidas a todas las personas, por ejemplo el ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial); y, por una razón pragmática: los supuestos beneficios del servicio judicial de menores frente a los problemas del sistema de administración de justicia ordinario. Desde este último aspecto (lo pragmático con profundas relaciones con lo ideológico), la inmovilidad se justificó desde una supuesta "eficiencia" de los Tribunales de Menores, imagen que se fortalecía por los serios e innegables problemas de la justicia ordinaria, los que se presentaban (y algunos sectores lo presentan) como consustanciales e inevitables11 al funcionamiento de la administración de justicia. Como se ha presentado en trabajos previos, las "ventajas" efectivas12 del "servicio judicial de menores" eran resultado de las normas procesales, que impedían o limitaban las dilaciones indebidas, y no por su estructura o la dependencia de estos organismos al Ejecutivo. Hablamos de "supuesta" eficiencia ya que en la estadística de funcionamiento de los tribunales de menores se pudo determinar que la mayor parte de "casos" eran autorizaciones de salida del país no contenciosas, de igual forma las investigaciones sobre el tema demostraron la falsedad de esta afirmación13. Finalmente, los defensores de la "eficiencia" nunca discutían sobre las verdaderas consecuencias derivadas del accionar de estos tribunales, ya que no les importaba el contenido y sentido de sus resoluciones sino la rapidez con las que estas se tomaban.

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Authors: Alejandro Ponce Villacís

El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos tiene su origen en 1948 cuando en Bogotá se adopta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Si bien dicho instrumento careció en su inicio de fuerza vinculante en la actualidad es plenamente exigible1. Posteriormente, en 1959 durante la Quinta Reunión de Cancilleres de los Estados Americanos se estableció la Comisión Interamerícana de Derechos Humanos, si bien en un inicio no tuvo como mandato la protección de los derechos humanos en casos individuales, desde inicio de los 60 la Comisión empezó a recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos, por ello, en 19652 fue autorizada de manera expresa a conocer las denuncias sobre casos individuales. Adicionalmente, la Comisión desde el inicio de su mandato realizó investigaciones y visitas a los Estados miembros de la OEA con el fin de conocer sobre la situación de los derechos humanos en los mismos.3 En 1969, durante la Conferencia Especializada sobre Derechos se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la que se introdujo el sistema de protección individual de los derechos humanos a través tanto de la Comisión Interamerícana de Derechos Humanos como de la Corte Interamerícana. En el caso de la primera, la Convención le autorizó a recibir peticiones individuales que contengan violaciones a los derechos humanos garantizados en la Convención. En virtud de dicho instrumento, cualquier persona o grupo de personas u organizaciones establecidas legalmente en cualquiera de los Estados miembros de la OEA pueden presentar dichas denuncias. Por otra parte, el Protocolo de Buenos Aires que reformó la Carta de la Organización de Estados Americanos reconoció a la Comisión Interamerícana de Derechos Humanos como uno de los órganos de la Organización. No obstante también se reconoce su independencia en cuanto al ejercicio de sus funciones frente a la Organización. Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también dispone el establecimiento de la Corte Interamerícana de Derechos Humanos, la cual tiene competencia tanto para resolver casos de carácter contencioso que le sean sometidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por los Estados.4 La Convención adicionalmente establece que para reconocer la competencia de la Corte se requiere de un sometimiento expreso a ella. De conformidad con las disposiciones de la Convención Americana, ésta entró en vigencia al depositarse la undécima ratificación, lo cual ocurrió el 18 de julio de 1978 al depositar Grenada la ratificación. El Ecuador fue signatario original de la Convención el 22 de noviembre de 19695 y realizó el depósito de ratificación el 28 de diciembre de 19776, durante la dictadura militar del Consejo Supremo de Gobierno. Posteriormente, el 13 de agosto de 1984 el Ecuador reconoce la competencia de la Corte Interamerícana de Derechos Humanos. Adicionalmente a la Convención Americana, el Ecuador dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ratificado los siguientes instrumentos: Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamerícana para Prevenir y Sancionar la Tortura: Convención Interamerícana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamerícana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Por otra parte, es importante reconocer que el Ecuador, en materia de Derechos Humanos dentro del Sistema Interamericano, únicamente no ha suscrito ni ratificado la Convención Interamerícana sobre Desaparición Forzada de Personas. De igual manera, debo señalar que dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos los ecuatorianos Gonzalo Escudero y Julio Prado Vallejo han sido miembros de la Comisión Interamerícana de Derechos Humanos. El primero de ellos ejerció dicha función entre 1960 y 1968, es decir en los primeros ocho años de existencia de la Comisión. El doctor Prado Vallejo ejerció las mismas funciones entre enero de 2000 y diciembre de 2003. El único ecuatoriano que ha sido designado como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el doctor Hernán Salgado Pesantez, quien ejerció dicha magistratura por doce años desde 1992. Cabe destacar que dos abogados ecuatorianos han recibido la beca Rómulo Gallegos y en consecuencia han realizado pasantías cubiertas por tal beca durante un año cada uno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos son Xavier Mena Vásconez y Juan Pablo Albán. Desde 1959 hasta la actualidad el uso del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos frente a violaciones a los derechos humanos, ocurridas en Ecuador, ha sido relativamente limitado. Conforme se detalla a continuación existen en mi criterio dos períodos claramente diferenciados, el primero comprendido entre 1959 y 1993 y el segundo a partir de 1994 y la presente fecha. Conforme lo analizo más adelante, la conducta estatal ha sido variable y en buena parte esta ha respondido tanto a factores políticos como a la propia formación jurídica7 de los encargados del manejo de casos y temas de derechos humanos vinculados con el sistema.

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Authors: Juan Carlos Cassagne

El tema de la justicia administrativa en los países de Iberoamérica constituye una de las piezas clave para la configuración y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Una visión sobre el conjunto de los sistemas procesales latinoamericanos en lo contencioso-administrativo revela que, salvo el caso de Colombia1 (en el que se adoptó la institución del Consejo de Estado similar al modelo francés) la casi totalidad de los Estados han sido fieles al sistema judicialista que encuentra su raíz en la Constitución liberal de Cádiz del año 1812, la cual, como es sabido, llegó a ser jurada en varios de nuestros países. En tal sentido, el sistema judicialista puro de Cádiz se extendió en Hispanoamérica de una manera más generalizada que en la propia España, donde se tardó unos cuantos años en instituir el modelo judicialista del contencioso-administrativo. Ello implica un claro apartamiento tanto del sistema francés como del norteamericano. Lo primero, por cuanto, no obstante existir una influencia proveniente del derecho francés en algunas instituciones del proceso contencioso- administrativo, los países latinoamericanos no adoptaron, como principio básico, la institución de tribunales administrativos del tipo del Consejo de Estado francés. Lo segundo, por la sencilla razón de que, como más adelante se puntualiza, el sistema constitucional norteamericano, al no imponer al Poder Ejecutivo la interdicción expresa de ejercer funciones judiciales (tal como lo prescribe la Constitución de Cádiz de 1812), evolucionó hacia el reconocimiento de la jurisdicción administrativa primaria en cabeza de agencias independientes o incluso de órganos administrativos. En cambio, la Constitución de Cádiz2, que en este punto constituyó la fuente de varias constituciones hispanoamericanas como la de Chile de 18333 y las constituciones chilenas posteriores4, la del Perú5 y la Constitución Argentina6, prohibe al Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales, avocarse al conocimiento de las causas pendientes, así como restablecer las fenecidas. Siendo entonces distinto el punto de partida de la mayoría de los sistemas iberoamericanos, también fueron diferentes su evolución y los problemas institucionales que se plantearon, en cada país, en los aspectos teórico y práctico. Estos problemas, que se proyectan al plano de las estructuras de los sistemas, son básicamente dos: (i) la configuración o no de un fuero especializado (tribunal judicial en lo contencioso administrativo) para entender en los litigios en que es parte la Administración Pública o el Estado, en general, donde se debatan cuestiones regidas por el derecho administrativo. Al respecto, hay países, como Chile, que no han establecido el fuero contencioso administrativo, mientras que hay otros que lo han instituido, unos con base constitucional, como el sistema uruguayo7 y otros que derivan de una creación legal, como el argentino. Al propio tiempo, en algunos de los sistemas hispanoamericanos se combina el fuero contencioso-administrativo especializado con la atribución del control de constitucionalidad a una Corte Suprema de Justicia al estilo norteamericano8. Esto último, aunque en forma concentrada mediante el establecimiento de una jurisdicción suprema originaria y privativa, es la fórmula prescripta en la Constitución de Brasil, que atribuye competencia al Supremo Tribunal Federal para entender en los conflictos vinculados con garantías constitucionales, en particular en lo concerniente a las acciones directas de in- constitucionalidad9. (ii) el reconocimiento limitado de ciertas funciones jurisdiccionales a órganos de la Administración Pública si bien sobre la base del principio del control judicial suficiente que exige la admisión en estos casos de un control judicial pleno con amplitud de debate y prueba. En tal sentido, tanto en Chile como en Argentina se ha admitido el ejercicio de potestades jurisdiccionales a favor de órganos administrativos fundado en razones de especialidad funcional y no como cláusula general, es decir, como anota Silva Cimma, se trata de “funciones jurisdiccionales respecto de ciertas y determinadas materias que les han sido expresamente encargadas por la ley. Así, ejercen esta función en determinados casos el Director General de Aduanas, el Director General de Impuestos Internos, etc.’’ quien agrega que “En doctrina, todos estos organismos pueden configurarse por ello como Tribunales Administrativos especiales. Además, dentro de la propia Administración existen otros tribunales con competencia específica en lo contencioso administrativo respecto de ciertas materias, tales como los Tribunales de Cuentas, de Aduanas, de Patentes, de Abastos, etc.’’10 Finalmente, si se reconoce que la ciencia del derecho se encuentra “ligada a un territorio y a una actualidad”11, ello implica reconocer que posee un contenido histórico que, en el caso de los países latinoamericanos, parte de un origen y lengua comunes, así como también lo son sus creencias, costumbres y tradiciones. Ese fondo histórico común que exhibe el derecho hispano americano conduce al jurista a construir el derecho sobre la base de la ley y, aun por encima de ella, con fundamento en los principios generales del derecho y, en sus grandes líneas metodológicas e interpretativas, difiere del sistema vigente en el derecho anglosajón en el que, como es sabido, se asigna un papel preponderante al derecho que fluye de los casos judiciales12. En suma, las características comunes que exhibe el contencioso-administrativo iberoamericano justifican el empeño que ha puesto uno de los grandes juristas españoles, González Pérez, en la elaboración de un Código Procesal Administrativo Modelo para Iberoamérica.