Iuris Dictio

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Authors: Fernando Pachón Linero

Jaeger en su Paideia,' at initio, expresa que: La EDUCACIÓN es una función tan natural y universal de la comunidad humana, que por su misma evidencia tarda mucho tiempo en llegar a la plena conciencia de aquellos que la reciben y la practican. Así, su primer rastro en la tradición literaria es relativamente tardío. Su contenido es en todos los pueblos aproximadamente el mismo y es, al mismo tiempo, moral y práctico. Tal fue también entre los griegos. Reviste en parte la forma de mandamientos, tales como: honra a los dioses, honra a tu padre y a tu madre, respeta a los extranjeros; en parte, consiste en una serie de preceptos sobre la moralidad externa y en reglas de prudencia para la vida.

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Authors: Domingo García Belaunde

El presente texto es la reconstrucción de mi intervención en el seminario organizado por el Center for Constitutional Studies and Democratic Development de la Universidad de Bologna, el día 2 de octubre de 2001, por gentil invitación de mi dilecto amigo el profesor Lucio Pegoraro. Por la naturaleza de la exposición, no entra en mayores detalles ni aporta aparato crítico. Pero al interesado en mayores referencias, remito a mi ensayo El Habeas Corpus latinoamericano publicado en el libro colectivo Constitución y constitucionalismo, hoy, Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas, 2000. La versión inglesa tiene la siguiente ficha: Latin American Habeas Corpus en Jahrbuch des Óffentlichen Rechts der Gegenwart, Band 49,2001.

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Authors: César Montúfar

En este corto ensayo no pretendo agotar la riqueza del texto que fundó la modernidad política. Busco borronear unas pocas líneas sobre el concepto de virtud en El príncipe de Nicolás Maquiavelo, y desde allí esbozar su pertinencia sobre la práctica de la política en el presente. Considero que una ventana para acceder al pensamiento político de Maquiavelo es, precisamente, su noción de virtud. En ella, y en las diferentes acepciones que este término cobra a lo largo del libro, se encuentra el meollo y ambigüedad con que el autor florentino miró a la política y a la misión del político, el príncipe, en pleno renacimiento italiano. En parte dicha ambigüedad, y al mismo tiempo riqueza, se encuentra la forma como nosotros, aún hoy, miramos los actos políticos como una dimensión de la vida humana que paralelamente admiramos o repudiamos, adscribimos o la consideramos producto de la moral más detestable.

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Authors: Lorena Cascante Redín

En la Constitución Política del Ecuador reformada en el año 1998 se introdujeron, en el Título VIII, importantes lineamientos sobre el deber ser del sistema procesal ecuatoriano. El primero y más importante tiene presente que el proceso, como expresión del sistema procesal, lejos de ser un fin en sí mismo, no es otra cosa que un instrumento para la realización de la justicia (Art. 192). El segundo contiene la observancia en el proceso de los principios del debido proceso (num. 27, Art. 23 y Art. 192). El tercer lineamiento se refiere al cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia, para lo cual se resalta que las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites (Arts. 192 y 193). En cuarto lugar, y en relación al procedimiento, se establece que éste se llevará a cabo mediante el sistema oral y de acuerdo con los principios dispositivo y de concentración e inmediación (Art. 194). Finalmente, se consagra el principio de publicidad cuando establece que los juicios serán públicos (Art. 195). Todos estos principios configuran un sistema procesal que, como veremos, es afín a las modernas tendencias del derecho procesal.

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Authors: José Manuel Sobrino H.

El proceso de construcción europea se encuentra, tras cincuenta años de historia, en una nueva encrucijada. La Unión Europea se apresta a recibir a diez nuevos Estados miembros y sus Tratados constitutivos están siendo objeto de revisión en el marco de una Convención donde se debate su futuro. Los trabajos de esta Convención alumbrarán un texto que será sometido a una Conferencia intergubernamental de la que saldrá el instrumento jurídico destinado a regir su funcionamiento en los próximos años.

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Authors: Alvaro Román

Después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año 1972 se inicia un interés por tutelar el medio ambiente, en razón del desarrollo tecnológico científico que como consecuencia mejora la calidad de vida del ser humano. Al investigar sobre el medio ambiente en la Constitución ecuatoriana, las disposiciones y el enfrentamiento que existe con el desarrollo sustentable y la búsqueda del nivel de vida digno, hace que las normas constitucionales deban ser a más de declarativas, eficaces, por lo que el legislador ha desarrollado leyes que tienen íntima relación con este tema y una de ellas es que ha descrito conductas en el Código Penal, que se tipifican en delitos y contravenciones, manteniendo en forma coherente la posición teórica kelnesiana de buscar la eficacia a través de la coacción. Pero debemos buscar la eficacia en que el destinatario de la norma la cumpla para que el beneficiario de la misma tenga la realidad de que sus derechos serán respetados. En el caso de incumplimiento buscar las acciones en la calidad de ciudadanos, en una democracia participativa, para realizar el control y defender la vida digna. Esa defensa nos hace desarrollar el concepto de ambiente o de medio ambiente en relación con el derecho, para llegar al bien jurídico que protege el mismo y así determinar cuando existe el daño ambiental. Además, al momento que existe el daño, se ha determinado que hay responsabilidades subjetivas como objetivas, cada una se ha explicado en forma muy breve; lo que podemos sacar de conclusión es que tomando en cuenta la actividad, existe riesgo, por lo que la doctrina y la legislación son proclives para que exista responsabilidad objetiva. En el presente trabajo en forma muy breve se ha expuesto un reporte realizado por Acción Ecológica, como motivo de la investigación de las fumigaciones que se realizan en la zona del Putumayo, conforme al Plan Colombia, existiendo ya daños al medio ambiente, a la salud, afectando la economía de sus habitantes.

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Authors: Jorje Hugo Zalles Santivanez

La idea de dialogar y buscar consensos en vez de confrontar y generar vencedores y vencidos es objeto de creciente y alentadora aceptación en el mundo contemporáneo. En diversos lugares, y en especial pero no solamente en el contexto político, se observa un interesante número de iniciativas de diálogo y concertación que son objeto de respuesta positiva de parte de las personas convocadas, la prensa y amplios sectores sociales. Para quienes creemos que es mejor la resolución suma positiva de los conflictos, esta tendencia es saludable y satisfactoria, especialmente cuando en muchos países del mundo1 vemos a diario las terribles consecuencias de la agresión, la violencia, y la búsqueda de desenlaces suma cero.2 No obstante, se escucha con alguna frecuencia la pregunta que constituye el título de este artículo: ¿Ayudan los diálogos a resolver problemas sociales? No falta el escepticismo al respecto. La respuesta que acá se ofrece es que los procesos de diálogo social pueden ayudar, y mucho, aunque no siempre lo hacen. El grado de su potencial contribución depende de varios factores. Este artículo explora varios de los más importantes, incluidos la definición de objetivos, la elección de temas y participantes, la dinámica comunicacional, los marcos conceptuales y metodológicos y los procesos a base de los cuales se puede asegurar el mayor éxito. La exploración de estos temas no está huérfana de teoría o de experiencias e investigaciones que la convaliden. A continuación se presenta una breve reseña de aquellas contribuciones al conocimiento humano que más han influido en las ideas que más abajo se presentan.

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Authors: Joaquín Brage Camazano

Mientras algún sector de la doctrina germana' y también más recientemente de nuestra propia doctrina2 discute sobre la oportunidad y conveniencia de la supresión (Abschaffung), a secas, del control normativo abstracto de la constitucionalidad, lo cierto y verdad es que prácticamente todos los países que en los últimos años han decidido por razones diversas, y en general al inaugurar un régimen democrático de gobierno introducir un tribunal constitucional, han atribuido a éste, como una de sus más relevantes competencias, la que se refiere al control normativo abstracto de la constitucionalidad,3 competencia que bien puede decirse que viene siendo, respecto de los tribunales constitucionales, al menos hasta el día de hoy, verdaderamente emblemática. Y esto ha sido justamente lo que ha ocurrido en México por virtud de la reforma de diciembre de 1994 a la Constitución de 1917, que da al artículo 105 de la Constitución un nuevo contenido, por virtud del cual se atribuye a la Suprema Corte una competencia para conocer de los procesos iniciados por medio de la acción de inconstitucionalidad, para plantear la cual se legitima a ciertos órganos políticos. Por esta vía se abre la posibilidad, inédita hasta ese momento en México, de un control abstracto de la constitucionalidad de las leyes que se concentra en la Suprema Corte y permite a ésta emitir declaraciones de inconstitucionalidad dotadas de eficacia general. La atribución de esta competencia a la Suprema Corte parece haber sido considerada por la doctrina como el último eslabón de una cadena que ha llevado a que la Suprema Corte se haya convertido en un verdadero tribunal constitucional.4 Y, desde luego, sea cual sea la naturaleza de la actual Suprema Corte, no cabe dudar de que la atribución de esta nueva competencia para conocer del control abstracto de la constitucionalidad de las leyes supone un paso muy importante en la progresiva aproximación, material al menos, de la Suprema Corte a los tribunales constitucionales.5 El objeto de las siguientes páginas viene precisamente constituido por el examen de la articulación técnica en el nuevo artículo 105 constitucional y en la Ley Reglamentaria (o de desarollo) de sus fracciones I y II (en adelante, LR105)- de este nuevo instituto procesal-constitucional mexicano que es la acción de inconstitucionalidad, sin que podamos, sin embargo, entrar aquí en el estudio de la problemática planteada por la inserción de este instituto de control abstracto de la constitucionalidad en el sistema, tradicional en México y mantenido por la reforma de 1994, de control concreto por la via del amparo, como tampoco en la cuestión de la coordinación de la acción de inconstitucionalidad con las controversias (=conflictos) constitucionales que versen sobre disposiciones generales con rango de ley.

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Authors: Ricardo Crespo Plaza

La intención de este trabajo es dejar sentados ciertos cuestionamientos y paradigmas que rigen la relación entre la humanidad y la naturaleza, proponer una solución jurídica al problema a través de la figura del patrimonio común de la humanidad sin dejar de hacer una crítica al modelo de desarrollo imperante, causa y efecto de la crisis ambiental y de la debilidad del derecho para enfrentar la crisis. Finalmente se hace un esfuerzo por mencionar los avances y las perspectivas del derecho ambiental. Antes de intentar hacer una proyección o mas bien especular sobre el futuro del derecho ambiental, es válido tratar de visualizar el conflicto en que se sitúa la ciencia de la ecología frente a la ciencia del derecho. La ecología, palabra utilizada por primera vez en 1866 por Ernst Haeckel y definida como la ciencia de las relaciones de los organismos con el mundo exterior' significa en su raíz griega oikos: casa y logos: ciencia. La ecología se refiere al cuidado de nuestro hogar único e insustituble: la Tierra. La ciencia de la ecología debe estudiar los fenómenos naturales que hacen posible la vida en este planeta, debe también enfrentar dos realidades esenciales: la idea de la globalidad y la idea de la procesualidad,2 dos características esenciales de todos los fenómenos vitales del planeta. La globalidad se relaciona con el concepto de biosfera y la procesualidad tiene que ver con el fenómeno de los procesos, de los ciclos vitales y del permanente intercambio de elementos materiales y energéticos entre los suelos, los océanos y la atmósfera que a su vez se apoyan en una constante equilibrio homeostático.3 Esta idea de la procesualidad de los sistemas naturales la encontramos en la Convención sobre Diversidad Biológica que define a la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente.4 Todo este sistema de vida que estudia la ecología funciona mediante unos engranajes de reversibilidad y equilibrio que sostienen esa homeostasis del planeta resultado de procesos de evolución que tienen millones de años y que nos obliga a entender los procesos en edades geológicas. Este equilibrio debido a las actividades humanas está siendo afectado al punto que la capacidad de regeneración de la naturaleza o su reversibilidad corre el riesgo de volverse irreversible lo que podría poner en peligro la vida. Frente a este entramado de elementos, actualmente la ecología paradójicamente no es una ciencia de certezas pues como señala Ost,5 por lo tanto el problema ecológico esta sujeto a constantes revisiones y se enfrenta con incertidumbres científicas que impiden determinar con precisión cuando estaríamos cruzando el umbral que llevaría al planeta hacia procesos irreversibles y catastróficos en los caso por ejemplo del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Frente a la incertidumbre científica el principio de precaución ha adquirido valor legal al haber sido incorporado en convenios internacionales ambientales como el de Biodiversidad y el de Cambio Climático además de haber sido elevado en algunos países a rango constitucional como en el caso de Ecuador.6 Siguiendo a Ost diríamos entonces globalidad, procesualidad, complejidad, irreversibilidad, incertidumbre"¦ ¿Cómo puede el derecho apropiarse de todos estos rasgos de la ecología?1 El derecho está llamado a precautelar y garantizar que estos procesos naturales sean respetados en función de un enfoque antropocéntrico u holístico, orientaciones que más adelante las analizaremos desde la óptica filosófica y jurídica. Pero el derecho para normar lo prohibido y lo permitido, establecer responsabilidades, fijar límites y plazos se vale de certezas, busca lo tangible, procura señalar claridades y tiempos y espacios manejables, lo cual entra en conflicto con la ecología que habla de globalidades, como la biosfera y los ecosistemas, de ciclos naturales en tiempos geológicos que se contraponen con visiones humanas de corto plazo e incertidumbres científicas que no permiten posiciones tangibles y concluyentes. Debemos entonces preguntamos si el derecho puede normar con eficacia situaciones tan imprevisibles, complejas y globales como los problemas ecológicos. Creemos que si pero sin duda que para su eficacia aún falta camino por recorrer, para esto debemos replanteamos nuestra relación con la naturaleza distinguiendo que nos separa y que nos une a esta, es decir según Ost resolver la crisis del vínculo y del límite frente a la naturaleza.