Iuris Dictio

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Authors: Jaime Vintimilla Saldaña

Desde la expedición de la Constitución de la República en 2008, se anunció un cambio de paradigma radical en función de los lineamientos doctrinarios del denominado neoconstitucionalismo. Subsisten sin embargo, en su aplicación práctica, desafíos para la implementación del garantismo dada la persistencia de factores como la discrecionalidad y arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas. El activismo judicial como mecanismo de defensa de los derechos constitucionales no tiene aún la relevancia indispensable dentro del presente esquema, en el cual los jueces constitucionales deben adaptar sus actuaciones al derecho de principios.

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Authors: Javier Bustos A., Marisabel Merizalde, Sthepany Galarza

Mediante sentencia 008-12-SIN-CC dictada por la Corte Constitucional resuelve declarar la constitucionalidad de la figura del recargo tributario; figura mediante la cual de "ipso jure" cuando la Administración Tributaria determina un valor por pagar a cargo del contribuyente, aplica automáticamente un adicional -además de los intereses y multas- de un 20% sobre el principal, a título de recargo. ¿Cuáles son las atribuciones de la autoridad tributaria y cómo justificar el recargo como daño por el hecho de realizarse la determinación tributaria?

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Authors: Manuel Fernández de Córdoba V.

La licencia de patente es un mecanismo de autorización de explotación que puede surgir de la voluntad del licenciante en convenio con el licenciatario o bien puede originarse de un acto de la Administración Pública. En el segundo caso, tanto la normativa subregional andina, cuanto nuestra Ley de Propiedad Intelectual, contienen causales específicas y alineadas con la doctrina y convenios internacionales, por las cuales, puede el Estado otorgar licencias obligatorias de patentes. En este sentido, cabe analizar exhaustivamente las mismas, como mecanismo de prevenir abusos de derechos de propiedad intelectual y precautelar intereses públicos legítimos. En el caso ecuatoriano, el sector farmacéutico específicamente, mediante Decreto 118, ha sido foco de atención en cuanto a la potestad estatal de otorgar licencias obligatorias de medicamentos bajo los parámetros legales enunciados.

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Authors: Luis Fernando Torres

Ante el vehemente avance de los postulados neoconstitucionalistas, tanto en el á, mbito normativo constitucional formal, cuanto en las actuaciones de jueces constitucionales, nos encontramos en un nuevo escenario, marcado por el denominado activismo judicial. Alejados de la aplicació, n de normas o reglas, la aplicació, n de principios y valores, constituyen herramientas poderosas puestas a disposició, n de jueces y que tiene el potencial de resultar en una marcada discrecionalidad, que a su vez puede poner las decisiones judiciales al servicio de intereses o ideologí, as. Considerando la innegable realidad del panorama jurí, dico nacional, cabe analizar tambié, n las connotaciones de la constitucionalizació, n del derecho privado, como reafirmació, n de la transversalidad del Estado en la sociedad y como amenaza a las libertades individuales.

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Authors: Vanesa Aguirre Guzmán

La Constitución de 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial expedido en 2009 modificaron radicalmente la organización y principios aplicables a la actividad jurisdiccional, para propiciar una mejor tutela de los derechos de las personas. Sin embargo, en el ámbito del proceso civil, aún no se ha dictado un nuevo código que incorpore aquellos principios y, principalmente, desarrolle el procedimiento oral, mecanismo idóneo para hacer realidad los principios de celeridad, eficiencia y economía procesal. Este artículo analiza los lineamientos centrales de dos proyectos de reforma: el primero, elaborado por el Consejo de la Judicatura transitorio, y otro, por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, para establecer cuáles serían sus principales virtudes y desventajas.

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Authors: Farith Simon Campaña

¿La sola innovación puede ser considerada como un avance? La carga emotiva de lo "nuevo", de lo "diferente" suele arrastrar una reacción entusiasta en muchos sectores, a la par suele provocar más de una resistencia. En el tema derechos de la naturaleza se ha desarrollado una literatura jurídica cada vez más extensa que la pondera como una contribución ecuatoriana al pensamiento jurídico mundial. Este trabajo es una revisión de la innovación constitucional, sus fundamentos, las categorías jurídicas involucradas, para realizar una evaluación inicial sobre el tema y sentar algunas bases a fin de entender si puede considerarse como una innovación trascendental o es una retórica jurídica al servicio de un proyecto político.

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Authors: Daniela Salazar Marín

La Constitución de 2008 marcó algunas diferencias respecto de la Constitución de 1998 en materia de garantías jurisdiccionales para proteger los derechos humanos. El objetivo de este artículo es estudiar una de las garantías jurisdiccionales incluidas en la Constitución de Montecristi: la acción por incumplimiento. En la primera sección realizo algunas reflexiones respecto del valor jurídico que la Constitución otorga a los instrumentos internacionales de derechos humanos y cómo esto influye en el valor de los pronunciamientos de los organismos internacionales creados en virtud de dichos instrumentos. En la segunda sección, analizo si la acción por incumplimiento constituye una herramienta para exigir al Estado ecuatoriano la implementación de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos y hacer efectiva la jurisdicción internacional de los derechos humanos. En particular, identifico algunos de los riesgos y debilidades asociados con el uso de esta garantía en relación con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos, con miras a demostrar que aún está pendiente establecer un mecanismo verdaderamente eficaz para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado ecuatoriano.