Iuris Dictio

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Authors: Galo Chiriboga Zambrano

La inmunidad, según el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche es la libertad o exención de alguna carga, impuesta u obligación. Se deriva de la palabra latina munus, la cual, aunque tomada en general, significa don o regalo. La inmunidad parlamentaria está concebida como una protección que la Constitución otorga a los legisladores para rodearles de la independencia y libertad necesarias en el ejercicio de sus funciones, en opinión de Rodrigo Borja.

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Authors: Alejandro Ponce Martínez

Uno de los más graves problemas que afronta el ciudadano ecuatoriano es la ineptitud de la inmensa mayoría de los jueces y, evidentemente, de la Administración Pública, para cumplir el más alto deber del Estado que es, de acuerdo con el Art. 18 de la Constitución, la defensa y promoción de los derechos humanos. Si la Administración Pública sostiene, en ocasiones, que la más alta norma jurídica es el instructivo del superior jerárquico o el reglamento que, sin facultad, expide el órgano administrativo, de igual modo, ciertos jueces se amparan en las costumbres ancestrales para negar la posibilidad de garantizar a las partes el derecho a la tutela jurídica. El deber ineludible de mantener la supremacía de la Constitución no solo surge, como en ocasiones se dice, de la actual Constitución del 5 de junio de 1998. Esa supremacía ha existido desde el surgimiento de los Estados de derecho en los cuales la Constitución es la norma suprema, de aplicación obligatoria y primaria por cualquier órgano público. La regla fundamental de la aplicación del derecho y de su interpretación ha sido la de la sujeción de las normas inferiores al ordenamiento constitucional. No puede haber decisión pública que no se sustente en la Constitución, ni cabe que se interprete y aplique la ley (la esencial fuente de derecho legislado, pues el reglamento, en virtud de la propia Constitución, no es fuente de derecho, puesto que no puede ni alterar ni interpretar la ley), sin que tal interpretación o aplicación tenga como base sustancial la Constitución y, dentro de ésta, las normas sobre las garantías y sobre los derechos humanos, incluidos en ella y en los instrumentos internacionales (no sólo, pues, los tratados y convenciones).

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Authors: Fabián Corral Burbano de Lara

El conquistador y cronista español Pedro Cieza de León, en La Crónica del Perú de mediados del siglo XVI, dice que ella fue escrita "¦al ver que en todas partes por donde yo andaba ninguno se ocupaba de escribir nada de lo que pasaba. Y que el tiempo consume la memoria de las cosas, de tal manera que, si no es por rastros y vías exquisitas, en lo venidero no se sabe con verdadera noticia lo que pasó. Memorias y noticias. Y también mucha fantasía medieval y caballeresca, mucha mitología e imaginación, constituyen los hilos arguméntales de esa sui géneris especie de periodismo-testimonio que se inauguró con la conquista de América y que se conoce como Las Crónicas de Indias, que son el principio de una historia, en la versión de los vencedores, cuyo contraste y complemento necesario está en la visión de los vencidos, con textos como la incomparable Crónica de Buen Gobierno, de Guamán Poma de Ayala o en los testimonios vividos y dramáticos de los informantes del padre Sahagún.

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Authors: Alejandro Ponce Villacís

En relación con la discusión sobre la supremacía del Derecho internacional sobre la Constitución he sostenido que de conformidad con el actual desarrollo del derecho internacional, este es un sistema que prevalece sobre los ordenamientos domésticos. Por ello, las normas domésticas que no sean compatibles con el mismo carecen de eficacia, por una parte, y por otra pueden generar responsabilidad internacional para el Estado. La Constitución del Ecuador reconoce esta estructura del derecho, por ello inclusive ésta mantiene y reconoce la supremacía del derecho internacional. Sin embargo, tal afirmación podría no representar necesariamente una realidad en la aplicación diaria del Derecho Constitucional por lo que considero oportuno realizar un análisis sobre la conducta estatal y de los tribunales encargados de hacer una realidad tal presupuesto jurídico.

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Authors: Marta Gonzalo Quiroga

En los últimos años la población ecuatoriana en España ha experimentado un crecimiento espectacular. Hoy en día, después de los ciudadanos marroquíes (263.174), la colonia ecuatoriana ocupa el segundo puesto de ciudadanos extranjeros en España con tarjeta o permiso de residencia en vigor (132.628), según los datos oficiales aportados por el último Balance de 2003 publicado por la delegación del gobierno para la Extranjería y la Inmigración sobre la base de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones del Ministerio del Interior. No obstante, según las cifras que manejan diversas asociaciones de ciudadanos ecuatorianos y distintos organismos humanitarios se estima que extraoficialmente habría al menos el doble de ecuatorianos en territorio español. En todo caso, la colonia de inmigrantes procedentes de Ecuador es la primera y más numerosa de América latina, seguida de la colombiana, peruana, dominicana y la argentina. Si bien la situación de los ecuatorianos en España suscita muchas dudas en cuanto al estricto régimen jurídico de extranjería, también es cierto que surgen otras tantas derivadas de cuestiones específicas de Derecho Internacional Privado (DEPr), donde el Derecho de Familia internacional se toma fundamental.

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Authors: Marena Briones Velasteguí

Una vez dispuesta a concebir la escritura de estas ideas, una falta volvió a hacerse presente. Me hubiera encantado seguir otras pistas para cada texto constitucional: los debates legislativos que les dieron origen, los comentarios públicos que suscitaron o no suscitaron; las consideraciones de índole política que los hubieren rodeado; los conflictos jurídicos relacionados más relevantes que hubieren existido; y, si las hubo, las interpretaciones jurisprudenciales que hubieren ampliado o restringido sus significaciones. Esa tarea, sin embargo, no era posible de ser realizada. Ciento setenta y cuatro años de vida republicana y dieciocho constituciones políticas demandan muchísimo más tiempo y dedicación que aquellos destinados a cumplir oportunamente con este encargo. En ese caso, se hubiera tratado, más bien, de una larga y meticulosa investigación, que tal vez encuentre su realización en otras personas y en otros momentos.

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Authors: Jorge Luis Collantes

Acabada la segunda guerra mundial, la responsabilidad internacional del individuo se materializó gracias al elemento procesal que apareció con la celebración de los juicios de Nuremberg y Tokio. Esto dio lugar a un emergente de un sistema internacional de justicia penal. Tras Nuremberg, la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) mediante la Resolución 177(11) del 21 de diciembre de 1947 encargó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) que formulara los Principios del DI reconocidos por el Estatuto y la Sentencia del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, y que preparara un Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. Desde entonces y ante la ausencia de un tribunal internacional penal, la responsabilidad internacional del individuo se materializó en diversos casos a través de la justicia de los Estados, la doctrina mantuvo interés en el tema y la tipicidad de los crímenes de Derecho internacional se acentuó poco a poco en el marco del DI convencional, resaltando la Convención contra el Genocidio de 1948. Asimismo, fue relevante el papel de la Cruz Roja en la codificación del DI humanitario a través de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, facilitando la tipicidad de los crímenes de guerra en el Derecho positivo y previendo la jurisdicción penal de los Estados para su represión.