Iuris Dictio

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Authors: Miguel Hernández Terán

Con alguna audacia hemos llegado a conceptualizar a la modernización del Estado como un conjunto de políticas, actitudes y acciones orientadas firmemente a la búsqueda o el incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y productividad del desempeño de las instituciones del Estado y sus órganos, sobre la base de la racionalidad. La modernización de la administración de justicia consiste en la aplicación de tal concepto a la prestación del servicio público de administrar justicia. También podemos decir que la modernización de la administración de justicia procura la ampliación del horizonte de aplicación efectiva de la misma en términos inmediatos, así como potencializar tal horizonte a corto, mediano y largo plazo, sobre las bases del debido proceso, la imparcialidad, y la autonomía interna y externa de los órganos de la Función Judicial y de ésta misma respectivamente. Obviamente esa eficiencia y esa productividad a que hemos aludido depende de diversos factores. Así, humanos, económicos y jurídicos. La facilidad otorgada por el BID es esencialmente de tipo financiero. Corresponde a la Función Judicial y a las áreas, órganos e instituciones relacionados con su desenvolvimiento, aportar con la parte que racionalmente les corresponde en el marco de sus competencias específicas. Para lograr estos propósitos modernizadores el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha suscrito un convenio de cooperación no reembolsable con el Ecuador, llamado Modernización del Sistema Jurídico, signado con el número ATN- SF-5687 EC. Sus puntuales propósitos, la proyección de su ejecución y su ejecución misma la presentamos a continuación. Y lo hacemos con el convencimiento de que este canal de comunicación que hemos encontrado en la Revista del área de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito constituye una posibilidad real de difusión de las actividades que venimos cumpliendo en PROJUSTICIA con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo; institución a la que una vez más agradecemos por la facilidad provista a través de la cooperación anotada.

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Authors: Juan M. Quevedo

Ecuador tiene un número impresionante de Cartas Políticas Si fueran más simples y menos reglamentarias, tendrían más raigambre y la ciudadanía las conocería y respetaría.

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Authors: Ricardo Noboa Bejarano

La acción de amparo constitucional corre el riesgo de prostituirse si el Congreso Nacional, con la discusión de las reformas a la Ley di Control Constitucional, y la Función Judicial, no actúan con respons abilidad. Drobidad y reflexión científica.

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Authors: Diego Pérez Ordóñez

La acción de amparo, recogida y modificada por la Constitución de 1998, nació con el objetivo de proteger las potenciales y efectivas violaciones de los derechos constitucionales. La Carta Política, que ahora la llama acción en vez de recurso, amplió su aplicación con el objetivo de precautelar estas violaciones no solamente de parte de la autoridad, sino también de quien preste un servicio público o, en ciertos casos, de los particulares. Lo anterior es teoría. Lo que ha ocurrido en la práctica es la prostitución del amparo constitucional. Los juzgados se han llenado de estas acciones, casi con cualquier excusa. Aprovechando la prohibición constitucional de inhibición, muchos abogados la presentan incluso contra laudos arbitrales, personas jurídicas de derecho privado, a sabiendas de que no han afectado grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso, como lo exige la Constitución.

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Authors: César Coronel Jones

Una exposición de las reiteraciones y diferencias de los principios generales relativos a la Función Judicial, contenidos en la Constitución vigente. Se aborda la unidad jurisdiccional, el sistema procesal, la constitucionalización del debido proceso, y el sistema penitenciario, entre otros temas. La Constitución de 1998 dictada por la Asamblea Nacional, establece, en el Título VIII a lo largo de cuatro capítulos, el Régimen de la Función Judicial, termómetro del grado de moralidad social del país. Los capítulos están dedicados a los Principios Generales; organización y funcionamiento; Consejo Nacional de la Judicatura y Régimen Penitenciario, respectivamente. En la reciente regulación, encontramos algunas reiteraciones básicas de principios contenidos en la anterior Constitución, pero también importantes diferencias o novedades.

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Authors: Fernando de Trazegnies Granda

El proceso de desmaterialización ha afectado a todo el Derecho y se ha ido profundizando a medida que avanzaba la modernidad. Al punto que la práctica y el orden jurídico contemporáneos en gran parte están construidos sobre la base de símbolos y emblemas, de representaciones, de sombras, de situaciones meramente delineadas que, sin embargo, son tan fuertes o más fuertes que las realidades tangibles.

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Authors: Patricio Quevedo Terán

Uno de los periodos políticos mas accidentados del Ecuador termino con la expedición de la Constitución de 1938. Se reaviva la polémica acerca de su vigencia, con una detallada crónica histórica de los sucesos de la convulsionada época.

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Authors: Alberto Wray Espinosa

Las reglas incorporadas en la Constitución y en los instrumentos internacionales tienen carácter eminentemente procesal, y aunque vayan dirigidas fundamentalmente a los jueces y a los órganos de la administración que emiten actos creadores de normas jerárquicamente inferiores a la ley, también constituyen reglas para el legislador y permiten que el contenido de las leyes sea sometido a examen.