DIXI

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Authors: Andrea Del Pilar Ramírez Rivas

Objeto: en Colombia se observa el problema reiterado de las detenciones masivas; y se han vuelto cada vez más frecuentes las prácticas arbitrarias y la utilización inadecuada del poder al privar a un ciudadano de la libertad. El Estado social de derecho está fundado en la dignidad de la persona humana, por lo que no puede estructurarse ni funcionar con base en el desconocimiento de los derechos de los particulares. Metodología: definir las líneas jurisprudenciales y el alcance de la responsabilidad patrimonial en las acciones de reparación directa en procesos de privación injusta de la libertad en la Sección Tercera del Consejo de Estado adquiere importancia desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, por cuanto se requiere tener una claridad conceptual sobre el actual reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales en Colombia. Hallazgos: esto le está ocasionando problemas al Estado, entre ellos las demandas por responsabilidad estatal, generando un detrimento patrimonial. Conclusiones: la sujeción de los procedimientos legales a los principios fundamentales del derecho son la vía más segura para evitar fallas o vulneraciones de derechos que a posteriori generen la obligación estatal de asumir responsabilidades y reparar daños por vías de indemnización de perjuicios, bien sean estos patrimoniales o extrapatrimoniales

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Authors: Claudia Patricia Sánchez-Pérez

Propósito: el presente artículo de reflexión se centra en el concurso de personas en la comisión de la conducta punible; se dice que cuando el hecho delictivo es realizado por varias personas, resulta esencial identificar el grado de responsabilidad penal que le corresponde a cada una, y según su aporte, se analizará específicamente la figura del coautor impropio en los delitos comunes. Descripción: se describen las causas, consecuencias y salidas jurídicas para quienes intervienen en la comisión de la conducta punible según su grado de responsabilidad, evitando a usanza por la Fiscalía la formulación de cargos con penas exacerbadas. Punto de vista: aunque existen elementos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales válidos para lograr hacer las distinciones acertadas sobre el grado de responsabilidad por la intervención en la comisión de conductas punibles, estos no se hacen valer por la agencia fiscal o por el abogado en su rol de defensor, aceptando formulación de cargos sin la verificación de cada uno de los elementos que estructuran la coautoría impropia. Conclusiones: partiendo de los elementos estructurales de la coautoría impropia y de la interpretación de sus contenidos según la ley, la doctrina y la jurisprudencia sobre el dominio funcional del hecho y el concepto restrictivo de autor, se colige que tener en cuenta los parámetros ya establecidos, al momento de diferenciar la coautoría impropia de otras formas de participación, especialmente de la del cómplice, deriva en la formulación de cargos y el merecimiento de penas proporcionales a la participación real de una persona en la comisión de la conducta punible.

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Authors: Denier Palacios Mena, Maryuri Moreno Rodallega

Objeto: la investigación está orientada a determinar las medidas de mitigación y corrección que utiliza el Estado para subsanar los daños producidos por los entables mineros en el barrio El Oasis del municipio de Certegui, departamento de Chocó, teniendo en cuenta lo normado en la Ley 99 de 1993 y la Ley 70 de 1993 (Ley de las Comunidades Negras), en su artículo 29. Metodología: se hace un análisis prospectivo que permite conocer detalladamente qué efectos presenta la actividad minera en el barrio El Oasis. Las leyes que hacen parte de esta investigación son tenidas en cuenta para esclarecer el cumplimiento por parte del Estado en las zonas apartadas del gobierno central e igualmente el diseño institucional del municipio de Certegui. Hallazgos: a nivel nacional, se presentan serias deficiencias para afrontar los problemas ambientales, materializados en la adopción de personal más idóneo, debido a que las universidades apenas están empezando a formar en especializaciones y pregrados como Derecho Agrario o Derecho de Suelos, y la educación ambiental está en pleno reconocimiento académico que gestione y promueva políticas públicas basadas en la sostenibilidad del suelo. A su vez, faltan entes que vigilen de manera rigurosa cada uno de los daños producidos por entables mineros y que de manera directa degradan el suelo. Conclusiones: a la fecha, se desconoce el motivo por el cual la Corte Constitucional no manifestó el soporte normativo del concepto de derechos bioculturales. Es importante recalcar que, en el derecho interno, sí existe este antecedente, evento de suma importancia para la revolución ecológica, que empieza a ver en ello el fruto de su arduo trabajo.

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Authors: Francisco Javier Rivera-Olarte, Lina Fernanda Rojas-Quinayá

Objetivo: el propósito de esta investigación es realizar un estudio interdisciplinario sobre el marco jurídico, doctrinal y jurisprudencial de los sistemas de valoración y los estándares de prueba en el derecho procesal colombiano, con el fin de determinar su aplicación por parte de los jueces al momento de fallar. Metodología: el desarrollo de la presente propuesta está enmarcada en el tipo de investigación jurídica toda vez que pretende, a partir de un estudio normativo e interdisciplinario (derecho procesal), revisar el tema de los sistemas de valoración y el estándar de prueba. Así mismo, está cimentada en el método deductivo y analítico-descriptivo; por último, la técnica aplicada es la documental bibliográfica. Resultados y conclusiones: primero: en la actualidad, el derecho procesal probatorio está cimentado en “la sana crítica” como sistema de valoración de la prueba; segundo: en Colombia, el derecho probatorio penal, en el artículo 381 cpp, enuncia el estándar de prueba, consistente en el “conocimiento más allá de toda duda”; tercero: el derecho procesal en materia probatoria no desarrolló los elementos de la sana crítica, ni los estándares de prueba a aplicar, los cuales son normas vacías que requieren ser llenadas a través de la doctrina y la jurisprudencia.

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Authors: Beatriz Delgado Motoa

Objetivo: el trabajo se orienta a establecer de forma clara el concepto de los derechos fundamentales, para lo cual toma como base las diferentes corrientes filosóficas que orientan el tema, además de lograr determinarlo en los países que conforman Unasur. Metodología: estudia cuáles son las diferentes nociones existentes sobre estos derechos y cuáles se consideran fundamentales. Hallazgos: el mundo, y en especial esta región, ha avanzado de forma considerable en la protección de los derechos fundamentales. Conclusiones: se presenta la aproximación de un concepto común a todos estos países, a fin de lograr su protección de forma uniforme.

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Authors: Jeanette Jordan Buenaño,Patricio Poaquiza Poaquiza

Objetivo: la mediación pública y la conciliación intraprocesal son métodos alternativos de solución de conflictos que permiten a las partes poner fin a la contienda legal, mediante el diálogo y acuerdos que beneficien de forma satisfactoria a los involucrados. En la presente investigación, se realizó un análisis del avance que ha tenido la mediación pública desde su instauración en relación con la conciliación intraprocesal dentro de la administración de justicia en la provincia de Tungurahua, desde el año 2014 hasta el 2018. Metodología: los métodos utilizados son empíricos, teóricos, encuestas a jueces, abogados y usuarios, y entrevistas a los mediadores. Resultados: se establece el predominio de la conciliación intraprocesal como forma de solucionar el conflicto. Se propone instaurar políticas públicas sobre el uso de la mediación en el ámbito educativo de nivel primario, secundario y universitario, con la finalidad de crear semilleros de mediadores para difundir la mediación como primera opción de solución al conflicto.

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Authors: Gulmira Nurtayeva, Nurlan Aikumbekov

In this article, we would like to define and research the energy safety position in the national security of the country. Many questions are submitted for legal support, especially regarding the cooperation between the state and the private economy sector, directed to regulate cooperation in the energy market, also warranties establishment and regulatory actions on private entrepreneurs in case of emergency; and also questions regarding the state responsibility in case of loss being inflicted because of cost adjustment. Action mechanism is not developed by the state in case of safety risk appearing, of quasi-sector and private economy sector subjects, and direct or indirect regulating actions are not regulated. As a result, in case of according safety risk appears, “energy blockade” or “embargo of the state” will appear with many additional questions which are without a legal provision in the current legal regulatory acts. Taking into consideration that the questions should be dealt with will hold out a long process, so our opinion should be started right now in the period of stable development of the country and absence of considering safety risk. Indeed otherwise, we can face huge problems in the meantime without a sharp regulated plan of measurements and actions of fuel and energy sector cooperation between the people and the state.

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Authors: Lina Marcela Reyes-Sarmiento, María Carolina León-Chaín,Luz Adriana Noriega-Jaime

Objetivo: la regulación del sistema pensional de los empleados públicos a lo largo de los años ha sido objeto de constantes cambios estructurales con el objetivo de asegurar su sostenibilidad fiscal, lo que ha traído consigo la expedición de varias normas y abundante jurisprudencia sobre el tema. Metodología: en el presente artículo se analizan los cambios jurisprudenciales presentados en la interpretación del monto de la pensión de vejez a servidores públicos cobijados por el régimen de transición. Hallazgos: se destaca el conflicto que se presenta entre los principios que favorecen los derechos pensionales y los principios y criterios que buscan la protección del sistema de seguridad social en Colombia. Conclusiones: se concluye que, bajo el argumento de lograr la sostenibilidad fiscal, no pueden menoscabarse los derechos fundamentales ni las expectativas legítimas de los empleados públicos con la adopción de medidas regresivas que limiten la materialización de una mejor pensión, y, en caso de hacerse, esta debería estar mejor justificada, con el fin de asegurar la legitimidad de las decisiones judiciales de unificación.